Los días 18 y 19 de mayo sesionará el Tribunal Ambiental de Valdivia para escuchar los fundamentos de las partes en dos recursos de reclamación interpuestos por un grupo de vecinos y vecinas de Puerto Guadal por lo que consideran la construcción ilegal de la central hidroeléctrica Los Maquis, de Edelaysén.
Dos son las causas que se tramitan en sede judicial: uno suscrito por 8 pobladores contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por negarse a invalidar la autorización que dio a la empresa para iniciar faenas sin someterse a evaluación ambiental; la segunda en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente por desestimar la denuncia de 51 personas sobre el actuar del SEA y Edelaysén.
El 18 de mayo serán los alegatos por la causa contra el Servicio de Evaluación Ambiental; el 19 de mayo en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Las comunidades han sido patrocinadas ante el Tercer Tribunal Ambiental por el abogado Rodrigo Meneses Tapia, del Estudio Jurídico LAWen; mientras que los alegatos serán desarrollados por los abogados de ONG FIMA, Marcos Emilfork y Antonio Madrid.
La acción se impulsa cuestionando que la autoridad ambiental permitiera a Edelaysén construir la central hidroeléctrica sin evaluación ambiental ni participación ciudadana, en circunstancias que la Ley de Bases del Medio Ambiente establece en su artículo 10 letra p) que deben ingresar al sistema toda “ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en que la legislación respectiva lo permita”. La central Los Maquis se emplaza dentro de la Zona de Interés Turístico Chelenko (ZOIT), cuyo decreto de constitución y plan de acción alude a la protección y valoración “de sus recursos naturales” y “asegura el desarrollo sustentable de sus comunidades locales”.
Asimismo, se acusa a Edelaysén de eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental toda vez que, primero, entregó a la autoridad ambiental antecedentes que difieren de las faenas que efectivamente está materializando y, segundo, entregó antecedentes del todo insuficientes para descartar la afectación a un área puesta bajo protección oficial.
Corte Suprema
Este miércoles se informó que la Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por 4 vecinos y vecinas de Puerto Guadal en contra del proyecto.
Aunque con ello ratificó el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, eliminó prácticamente todos los fundamentos del Tribunal de Alzada para desestimar la acción judicial de la comunidad. Sólo se concordó en rechazar el recurso porque intenta impugnar actuaciones administrativas cuya antigüedad al momento de recurrir a la justicia era ya superior a 30 días, lo que haría formalmente improcedente la cautela urgente que proporciona el recurso de protección.
“Pese a que igualmente no compartimos este fallo de la Corte Suprema, no podemos sino recordar, para evaluarlo en su real contenido y relevancia, que la Corte de Apelaciones de Coyhaique consideró -para rechazar esta acción- que los recurrentes no habrían podido probar la ilegalidad y arbitrariedad de la actual construcción del proyecto de Edelaysén. Dicha afirmación, que fue discutida en el Recurso de Apelación ante la Corte Suprema, fue eliminada por ésta en el fallo conocido el día de hoy» manifestó Erwin Sandoval, vicepresidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén.
«Por lo tanto, pese al rechazo del recurso, ciertamente que éste en caso alguno permitiría sostener que la construcción del proyecto Los Maquis se ajuste a la legalidad vigente. La Corte Suprema fue especialmente cautelosa y clara en ese aspecto, rechazando el recurso nada más que por consideraciones formales» indicó el dirigente.
La supresión deliberada por parte del Máximo Tribunal de los otros fundamentos en el fallo, como que el proyecto se habría ajustado a la normativa, será fundamental en los litigios que se siguen en el Tribunal Ambiental de Valdivia.
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