El XII Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia, evidenció que en el contexto de la pandemia por Coronavirus las y los ciudadanos modificaron conductas respecto de cómo y para qué piden información. El sondeo de 2.900 encuestas mostró un aumento de 8 puntos en comparación al año anterior en las solicitudes de información a organismos públicos: 1 de cada 3 personas declararon haber solicitado información.
Entre otros hallazgos del estudio -realizado vía encuesta presencial en hogares y fue aplicada a hombres y mujeres mayores de 18 años de todo Chile, entre el 21 de noviembre de 2020 y el 18 de enero de 2021- arrojó que los niveles de solicitudes vía web aumentan, alza impulsada mayoritariamente por la necesidad de información sobre subsidios y beneficios (32%) y actualización del Registro Social de Hogares (RSH) con un 10%. Otros temas que se declara consultar también responden a intereses particulares como vivienda, con un 13%, y un 8% dijo sobre trabajo, cesantía y pensiones.
“Las autoridades deben tener claro el impacto y significado que tiene para las personas una solicitud de información. Pedir información a organismos públicos es pedir a las autoridades rendición de cuentas y hacer control social y combatir la corrupción”, explicó la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente. Sin embargo, la titular del Consejo enfatizó en que las peticiones van de la mano de la necesidad de ejercer otros derechos, es decir, como “derecho llave”. Las personas están pidiendo información que les permite abrir puertas y ejercer otros derechos, como el derecho a un subsidio o beneficio, detalló.
La titular del Consejo subrayó entonces el llamado a “los servicios a facilitar el acceso a la información, de forma clara y oportuna, aún más en momentos complejos para las personas, que se condice con lo establecido por una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Esta estableció que a pesar de que en muchos países se ha declarado Estado de Excepción Constitucional no se suspende ni se congela el derecho de acceso a la información de organismos del Estado, tampoco el derecho a la protección de datos personales.
Brecha digital y de género
Dada la situación de pandemia y las restricciones de movilidad establecidas para evitar los contagios, la forma de solicitar la información cambió desde la manera tradicional presencial hacia la digital. Si los encuestados señalaban que en 2013 un 81% pedía información pública de manera presencial (municipio u otra entidad pública) y en 2019 decía que lo hacían 70% presencial, la cifra bajó a 44% en 2020.
En 2019 el perfil de quien solicitaba información en poder de organismos del Estado eran mayoritariamente mujeres, directamente en los municipios; en 2020 la situación cambió y el porcentaje de quienes declararon hacerlo remotamente a través de páginas web casi igualó a los requerimientos presenciales (43%). El estudio además reveló que el perfil de solicitantes web que emergió en pandemia, corresponde, en su mayoría a hombres, jóvenes, de un nivel socioeconómico y educacional alto, y que declara ser de la región Metropolitana.
Así, quienes continúan utilizando el canal presencial para ejercer su derecho al acceso a la información serían mayoritariamente mujeres, entre 18 y 40 años, de un nivel socioeconómico y educacional bajo, y de regiones (42%).
Ante esta situación, la presidenta del CPLT explicó que el fenómeno podría responder a una “digitalización forzada”, derivada de las restricciones de movimiento en emergencia sanitaria, obligando a la población a recurrir a canales virtuales, provocando una brecha entre quienes tienen conocimientos web y los que no. “Esta encuesta revela que hay brechas de acceso a la información en lo digital que ya existían en el mundo real, de género y entre personas mayores y jóvenes”, agregó De la Fuente.
Medidas para evitar contagios: información mejor evaluada por la ciudadanía
En el XII Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, el CPLT incluyó también preguntas para conocer la opinión de ciudadanos y ciudadanas sobre el acceso a información en el combate de la pandemia, entre otras materias.
Los encuestados evaluaron con notas bajas, en una escala de 1 a 7, la información que recibieron sobre las medidas de apoyo que ha implementado el Gobierno. Destacó por ser la más valorada, la información entregada sobre las medidas sanitarias para evitar los contagios (4,6), seguida de la asociada a protocolos de desplazamiento (4,5); la cantidad de casos contagiados (4,2); la cantidad de fallecidos (4,0); los beneficios entregados por el Estado (3,9); los gastos en los que ha incurrido el Estado para enfrentar la pandemia (3,6) y la ayuda del gobierno a las empresas (3,6).
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