El alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez (independiente, ex RN), expuso este martes ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado en el marco de la discusión de la Ley de Protección de Glaciares. El edil presentó la preocupación de su comunidad ante la vulnerabilidad de estos fundamentales elementos de la naturaleza, por no contar con una normativa que les proteja.
“El artículo sexto de la ley establece un sistema de protección periglaciar. Hoy ese sistema es vulnerable, hay faenas en el sistema periglaciar y si esta ley estuviera se podrían iniciar sanciones o, también, hacer un estudio de impacto ambiental que permita retrotraernos al inicio del proyecto. O, por lo menos, protegerlos debidamente” indicó.
Silva agregó que “las inversiones deben ser consideradas, porque San Fernando -en la provincia de Colchagua, región de O’Higgins- está muy vulnerable a sanciones y delitos ambientales”, aludiendo a que el proyecto -en su opinión- avanza en generar instrumentos de fiscalización y penas, lo cual sería necesario a la luz de las intervenciones productivas actuales sobre los glaciares.
Posteriormente expuso María Jesús Martínez Leiva, vocera de la Coordinadora Territorial por la Defensa de los Glaciares, quien relevó el principal cuestionamiento que desde la organización se hace al actual proyecto: permitir la intervención del ambiente periglaciar y el permafrost, previo sometimiento a un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) “reforzado” o “robustecido”.
“Para nosotros esto no necesariamente es un avance con lo que ya hay. Porque, como lo decía el alcalde, hay proyectos que se desarrollan en el ambiente periglaciar. Y, a partir de lo que ha entregado la autoridad, sabemos que hay una lista de proyectos que tienen resolución de calificación ambiental en áreas de glaciares, cercanos a glaciares” indicó. Por ello, “creemos que no es algo que aporte o entregue un elemento distinto a lo que ya hay”.
En este sentido, recordó los pronunciamientos de la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos que, con relación al proyecto que se tramitó durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (y que retiró la administración de Sebastián Piñera), señalaron que aquél no cumplía con proteger los glaciares sino más bien regulaba su explotación. En opinión de la coordinadora someter al SEIA la intervención del ambiente periglaciar y el permafrost iría en la misma dirección.
Durante la sesión también expuso el profesor de derecho ambiental de la Universidad Católica y ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera Ricardo Irarrázabal Sánchez, quien planteó que aunque en términos técnicos las definiciones del proyecto se pueden mejorar “no hay que perder de vista que la utilidad mayor de la definición tiene que ver con sus efectos con respecto a la ley”, en el sentido de no extender el debate sobre este aspecto si va a complejizar la operatividad de la normativa. Asimismo, hizo alcances sobre si, en el caso específico de los glaciares rocosos, se aplicará la regla general de prohibición total (como lo establece hasta hoy el proyecto) o se aceptará la evaluación caso a caso vía SEIA.
Irarrázabal fue subsecretario de Minería hasta agosto de 2020.
Durante su gestión impulsó las indicaciones que el Ejecutivo presentó al proyecto de ley cuando estuvo radicado en la Comisión de Minería y Energía, las cuales apuntaron a proteger las inversiones de dicho sector extractivo.
Las audiencias continuarán el lunes 30 de agosto, a partir de las 12:30 hrs. Para la ocasión están invitados la directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable Sara Larraín Ruiz-Tagle y el presidente del Consejo Minero Joaquín Villarino Herrera y el integrante del Instituto de Ingenieros Jaime Illanes Piedrabuena.
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