A una década desde que expertos y empresarios del sector eléctrico cuestionaran la factibilidad técnica y económica de transitar aceleradamente hacia un modelo de desarrollo basado en energías renovables no convencionales (ERNC), la realidad enterrado sus proyecciones. La lucha contra HidroAysén marcó la agenda a mediados de los 2000, comenzando una discusión sobre el nivel de inserción que podrían llegar a tener las ERNC sin poner en riesgo la estabilidad de la matriz.
De esta discusión nació la Ley 20.698, aprobada en 2013.
La normativa, conocida tras su promulgación como Ley 20/25, buscaba impulsar que las ERNC llegaran a un 20 % al año 2025. Desde la sociedad civil se abogaba por una Ley 20/20, sin embargo los especialistas dijeron que no era posible.
En la navidad de 2020 los medios informaban que “Chile supera barrera del 20% en generación de ERNC e industria se pone nuevas metas a 2030”. Ese día, la realidad hizo posible lo que negaban consultores e inversionistas de las energías convencionales. Sin mediar crisis alguna.
Hoy el debate se reinstala. A propósito de la salida de las centrales a carbón al año 2025, por la duda sobre cómo se suplirán las necesidades eléctricas del país. “Para muchos actores del mundo eléctrico, el adelantamiento a 2025 es un propósito loable, pero voluntarista: es una declaración de intenciones que será difícil de cumplir” se informó recientemente en un medio nacional.
Como una forma de aportar a esta discusión, este viernes se lanzará el estudio “Propuestas regulatorias para el ingreso masivo de las ERNC a la matriz eléctrica en Chile”, elaborado por KAS Ingeniería para el Programa Chile Sustentable.
En el documento se abordan las distintas barreras operacionales, normativas y económicas que existen hoy para fomentar una matriz limpia. Entre ellas la concentración del mercado eléctrico, el subsidio a los combustibles fósiles “a costa de las energías limpias como el Estado de Reserva Estratégica” y que las ERNC también paguen parte del impuesto verde por aplicarse a todas las empresas, por ejemplo.
Y aporta propuestas, algunas de las cuales son que se garantice información, transparencia e igualdad de condiciones en el mercado eléctrico, eliminando subsidios y distorsiones; que se elimine al figura de Estado de Reserva Estratégica “pues distorsiona la remuneración de potencia que respalda el sistema eléctrico y constituye un subsidio a la generación a carbón”; que se corrija la forma de aplicación del impuesto verde cargándolo al costo variable de la energía que determina su inyección al sistema eléctrico y aumentar el monto del impuesto a 32 dólares la tonelada de CO2 (costo de abatimiento).
Asimismo, se plantea la necesidad de eliminar la norma “que obliga al sistema eléctrico a generar con gas cuando existe mayor stock que lo utilizado o se importa más gas que la capacidad de almacenarlo”, conocida bajo la figura de “gas inflexible” y que se estableció en favor de las generadoras a base de GNL, porque no invirtieron en capacidad de almacenamiento. Este procedimiento afecta a las ERNC, condenándolas a desechar la energía generada.
El detalle del documento será presentado el viernes a las 10:30 hrs, con la presentación de los autores del estudio Samuel Jerardino y Aldo Arriagada, luego de las palabras iniciales del director del Programa Chile Sustentable y presidente del Instituto de Ecología Política Manuel Baquedano.
Comentarán la presidenta Comisión de Energía y Minería del Senado Yasna Provoste, el académico de la Universidad de Chile Rodrigo Moreno, el director Ejecutivo de ACERA Carlos Finat, el jefe de la División de Políticas y Estudios Energéticos y Ambientales del Ministerio de Energía Carlos Barría y la directora Ejecutiva de EnerConnex Ana Lía Rojas. A cargo de la moderación estará la directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable Sara Larraín.
La relevancia
“Este informe es muy oportuno. Luego de un riguroso análisis de las condiciones actuales para el desarrollo de las ERNC, y a pesar de la fuerte expansión que ellas han tenido en la práctica, identifica ciertas barreras que hacen que esa expansión sea más lenta y compleja de lo que podría esperarse” señala al respecto Carlos Finat. “Se trata de barreras más sutiles que las que se identificaban al comienzo de la década pasada, pero no por ello menos relevantes. Esperamos que el diagnóstico y las propuestas incluidas en el informe sean un aporte para acelerar la tan necesaria transición energética en la que el sector de energía eléctrica tiene un rol preponderante” explica.
Para Ana Lía Rojas, el documento “es otro avance que aporta Chile Sustentable para un mayor entendimiento del sector eléctrico, pues aborda varias aristas que se deben evaluar para su adecuada expansión y opciones, más allá de los tradicionales enfoques circunscritos al mero espacio técnico”. Esto porque “identifica las distorsiones que hoy afectan la competencia y real capacidad de penetración de las energías renovables para orientar definiciones hacia políticas públicas de carácter transversal y a los agentes del mercado para que éstas sean corregidas y así avanzar en el logro de la reducción de emisiones y de la acción climática”. Si estas trabas no se corrigen “no estaremos abordando correctamente la problemática que tiene el sector eléctrico en su incidencia. Es un aporte significativo porque sienta las bases para una agenda pro-competencia para las energías renovables en un contexto de emergencia para la transición energética en el ámbito nacional” concluye.
Sara Larraín, en tanto, puntualiza que “en el contexto de la urgencia de resolver o responder a la crisis climática generada energética en base a fósiles, desde la perspectiva del interés público, Chile Sustentable puede mostrar en forma simple al sector político donde están las barreras regulatorias que hay que eliminar para acelerar la descarbonización, limpiar la matriz energética y terminar con las zonas de sacrificio”.
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