Prohibir expresamente a los notarios y conservadores la exigencia de cualquier certificado que acredite la “lucidez” de la persona debido a su edad, y así evitar que esto sea requisito para la celebración o suscripción de cualquier acto regulado en la vigente normativa legal, es el principal objetivo de un proyecto de ley presentado durante los últimos días, por el senador David Sandoval Plaza.
La iniciativa nace luego de que se conociera que algunos notarios y conservadores han solicitado, durante este año, dicho documento a aquellas personas mayores de 75 años como requisito para la suscripción de determinados actos, justificándolo como una medida de protección frente a casos de estafas y abuso patrimonial por parte de inescrupulosos. “Si bien el “certificado de lucidez” puede arrastrar consigo un aparente fin loable, consideramos que constituye una conducta plenamente denigratoria y atenta derechamente contra la dignidad de la persona, ahondando a su vez, con una falta clara de sustento jurídico y legal”, señaló.
En ese sentido, el parlamentario señala que este certificado carece de toda justificación, más aún si se considera la existencia de un procedimiento establecido, denominada “declaración de interdicción”, lo cual ya está regulado en el Código Civil y en otras normativas vigentes.
Sandoval insistió en que este tipo de discriminaciones deben terminar, pensando en el innegable aporte que han realizado los adultos mayores en nuestra sociedad. “No podemos desconocer su tremendo aporte, sin embargo, también han debido enfrentar históricamente discriminaciones que atentan profundamente contra sus derechos fundamentales y los principios inherentes al propio ser humano”, recalcó el legislador, recordando que aún existen profundas deudas con las personas mayores, entre ellas, en materia de pensiones.
Y este trabajo de mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida, va en directa relación a lo dispuesto por diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país, principalmente la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificado por Chile en 2017, la que tiene como objetivo “promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad”, enfatizando el principio de igualdad y no discriminación de la vejez.
Cabe señalar que en Chile los adultos mayores de 60 años, según información del Ministerio de Desarrollo Social, sobre la base de la Encuesta CASEN 2017, alcanzan los 3,45 millones de personas, representando el 19,3% de la población, cifra que llegará al 31,6% al año para 2050.
Finalmente, indicar que la iniciativa fue patrocinada por la senadora Ximena Órdenes y los senadores José Miguel Durana y Francisco Chahuán.
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