Caracterización de trabajadores a honorarios en el sector municipal I.

Asimismo, se identificó que mensualmente se destinaron en promedio cerca 50 mil millones de pesos ($49.555.522.824) para gastos en este tipo de contrataciones en estos tres tipos de entidades del sector municipal.

El desglose de la cantidad total identificada por el CPLT mostró que poco más de 860 mil millones ($860.171.079.214) –a partir de 1.220.447 registros- corresponden a los 292 municipios que informaron en el período fiscalizado. En cuanto a las 38 Corporaciones consideradas, el gasto registrado en contratación de honorarios fue cercano a los $79 mil millones ($78.733.872.262), a partir de 169.162 registros funcionarios; y en el de las 36 asociaciones alcanzó los $2.649.982.184, a partir de 3.005 registros.

Desde el Consejo, su presidenta, Gloria de la Fuente, explicó que esta acción se focaliza en un ámbito de suma preocupación para la institución que lidera, encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Acceso a Información Pública, por la relevancia que los municipios tienen en la relación entre el Estado y la ciudadanía, la que ha evidenciado importantes brechas acorde al Estudio Nacional de Transparencia que realiza el CPLT anualmente.

Corporaciones y asociaciones en el ojo del huracán.

La presidenta del CPLT destacó el aporte de acciones como la fiscalización focalizada “para conocer, con mayor detalle, cómo se administran recursos públicos en el ámbito municipal. No sólo hablamos del trabajo del Consejo desde sus facultades, sino de un grupo de organismos como la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado que conforman un ecosistema de transparencia e integridad en lo público y que están actuando para favorecer no sólo el cumplimiento de las leyes, sino también acciones proactivas en estos ámbitos que sabemos impactan en la confianza y la legitimidad de las instituciones”.

Se refirió al vacío que se había generado en materia de corporaciones y asociaciones municipales, cuyas obligaciones en materia de transparencia no estaban reconocidas explícitamente en la Ley de Transparencia, lo que había permitido que actuaran como “verdaderas cajas negras”.

Estas entidades, de derecho privado “estaban operando sin las reglas que tienen otros órganos de la administración del Estado, pese a que gestionan transferencias de recursos públicos, y por eso valoramos el reciente pronunciamiento de la Contraloría que dictaminó en el caso de las Corporaciones, que estableció que las disposiciones de la Ley de Transparencia y otras normativas les son aplicables”. De esta forma, dijo “demuestra la necesidad de regularizar el empleo en el ámbito público, de manera tal que la contratación a honorarios tal como establece el estatuto administrativo sea la excepción y no la regla”.

En este sentido, subrayó las posibilidades de hacer control social que abren herramientas de transparencia. “Una cuestión sumamente relevante de este proceso es que podemos mostrar la utilidad de la información y del acceso a antecedentes públicos, que permiten, por ejemplo, que hoy podamos acceder a los contratos y los montos asociados para que la ciudadanía exija rendición de cuentas”. “También tenemos que avanzar en materia de asociaciones y otras entidades de derecho privado”, espetó.