Antecedentes sobre la filtración de 400 mil correos electrónicos con información sensible de las Fuerzas Armadas el pasado 19 de septiembre.

El autor de este ataque sería el grupo Guacamaya, que recibe su nombre por una ave centroamericana, cuyos miembros habrían filtrando información de empresas mineras y petroleras, así como de fuerzas militares,  policías y agencias de seguridad de varios países latinoamericanos, en represalia por lo que consideran: represión a la población indígena y daño medioambiental producto de la herencia colonialista de las naciones latinoamericanas funcionales a los intereses del capitalismo basado en el extractivismo.

En Chile el atacado fue el Estado Mayor Conjunto, que es un organismo formado por las ramas de defensa nacional que tiene como misión asesorar al Ministro de Defensa en materias referentes al empleo conjunto de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción constitucional y en guerra externa, además está encargado de las operaciones de paz y de las actividades de entrenamiento conjunto de los cuerpos militares del país.

Este hecho, el más grave que afecta a la ciberseguridad del aparato de defensa nacional, provocó la renuncia del Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Ejército Guillermo Paiva, y todo hace indicar que no habría sido informado a las autoridades civiles en la oportunidad en que ocurrió, como lo señaló la Ministra del Interior, Carolina Tohá, en una entrevista televisiva a Chilevisión: “lo que puedo decir claramente es que la información de las vulnerabilidades no incluyó el detalle del hackeo y fue posterior a que este se produjo”, esta frase de la ministra hace alusión a que el Estado Mayor Conjunto habría informado previamente aludiendo a las vulnerabilidades del sistema de seguridad informática, pero que el real alcance de la situación sólo se logró conocer el pasado 19 de septiembre por informe del propio General Paiva cuando la información robada ya había sido filtrada en internet.

La información filtrada tendría relación con antecedentes sobre la propia estrategia de ciberseguridad de las Fuerzas Armadas, compra de equipamiento y proveedores, plan de monitoreo satelital de las comunicaciones, informes de inteligencia, incluidos los elaborados en el contexto del estado de excepción implementado en la Macro Zona Sur, reportes sobre la crisis migratoria, datos personales de funcionarios del EMCO, entre otros.   

Frente a estos hechos, el Gobierno, mediante su Ministra de Defensa, Maya Fernández, ha actuado solicitando un sumario interno para determinar responsabilidades administrativas, así como una presentación ante la justicia militar y ha solicitado al Consejo de Defensa del Estado hacerse parte de las causas judiciales en representación del Estado.