Un estudio de la Universidad de Talca identifica a Aysén como una de las regiones con peor desempeño frente al déficit habitacional

Si no hay cambios en la velocidad de entrega de viviendas sociales, el déficit habitacional nacional, al cierre del año 2025 sería cercano a 750 mil casas, concluyó una reciente investigación de la Universidad de Talca denominada “Crisis habitacional en Chile: Construcción de viviendas sociales sin deuda” que fue realizada por el académico de la Facultad de Ingeniería de esa universidad, Armando Durán Bustamante, quien se basó en datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, entregados vía Transparencia.

De acuerdo con la investigación, a nivel nacional la cifra del déficit en 2023 llegó al 50,92%. Los casos más complejos se observan en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O’Higgins, Los Ríos, Aysén y Magallanes, donde el déficit en la cantidad de viviendas sociales construidas en 2023 respecto al año anterior fue superior al 80%.

Particularmente en Aysén, el estudio señala que durante el año 2022 se construyeron 243 viviendas sociales, en tanto, el año 2023 solo 33, lo que significa una disminución en 210 unidades, que en términos porcentuales se expresa en un 86,42%, el quinto peor desempeño regional a nivel nacional. (ver tabla)

Respecto al número histórico de subsidios entregados, el desempeño de Aysén durante el año 2023 se presenta como el peor año desde 2012, tanto en número de subsidios entregados como en los montos en UF (ver siguiente tabla).

Estas cifras, que son extraídas del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo respecto a subsidios DS 49 de Viviendas Social sin deuda, también indican, que el pasado 2023 presenta una disminución ostensible frente al año 2022 e incluso frente al año 2021. (ver última tabla)

Armando Durán Bustamante determinó en su investigación que el principal problema para el abultado déficit a nivel nacional, y por extensión a nivel local, consiste en los tiempos de entrega de estas soluciones habitacionales que van de los 5 a 10 años en promedio.

“Las cifras del ciclo de vida, que es el tiempo en que se conforma un grupo habitacional hasta la entrega de las viviendas, no se ha acelerado y en algunos casos son superiores a los 15 años”, explicó.

Uno de los puntos de inflexión se observa en las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), que son los organismos que asesoran a los comités habitacionales, los que -de acuerdo al estudio- presentan “una desigualdad ostensible en la postulación a los beneficios, enmarcándose principalmente en algunas zonas territoriales y desfavoreciendo a otras”, indicó el académico.

“Desde el punto de vista de la distribución territorial de las EGIS, sería esperable que el mercado las condujese a las regiones con mayor pobreza. Sin embargo, las consultoras participan desarrollando proyectos donde el ciclo de vida es menor, afectando la competitividad entre regiones y agudizando la crisis habitacional”, detalló.

Otra problemática se observó en la atracción de inversiones. “Se entrevistaron a EGIS y empresas constructoras para conocer cuáles son las mayores dificultades de la baja participación en proyectos de viviendas sociales, determinándose que la construcción de estas soluciones habitacionales, no ofrecen rentabilidad a los agentes que participan en el mercado y actualmente no es factible atraer inversión particularmente privada” indicó el profesor.

En este sentido, las acciones que podrían llevar a una mejora en la brecha de construcción de viviendas deberían apuntar a “trabajar con la demanda, la permisología y un mayor conocimiento de la trazabilidad para que participen nuevos actores, ya que el Estado actualmente cumple un rol fundamentalmente normativo y subsidiario del acceso a la vivienda a familias de menores ingresos”, manifestó el especialista.

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los datos obtenidos desde el MINVU, a los que se incorporaron cifras del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio de la misma cartera y entrevistas directas a 35 EGIS y 25 empresas constructoras nacionales.

*imagen de archivo