Gracias a un trabajo conjunto entre la Fiscalía Regional de Aysén y la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la PDI, se logró la detención de tres individuos acusados de perpetrar fraudes en transacciones electrónicas que afectaron a múltiples empresas en Chile.
La operación, que se llevó a cabo como resultado de una extensa investigación, evidenció la modalidad delictiva empleada por esta organización criminal, la que incluía tácticas sofisticadas, mediante las cuales obtenían las credenciales bancarias de las víctimas.
Posteriormente, realizaban transacciones fraudulentas a través de empresas ficticias previamente creadas. Hasta ahora, se ha acreditado un monto cercano a los 90 millones de pesos en los fraudes, si bien se está llevando a cabo un análisis más detallado que podría elevar esta cifra a más de 400 millones de pesos. Uno de los casos ocurrió en Puerto Aysén y la Fiscalía Nacional designó a la Fiscalía Regional de Aysén para investigar hechos similares ocurridos en otras comunas de Chile.
El prefecto Luis Orellana, jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana, manifestó que lograron identificar una organización criminal dedicada a este tipo de fraudes, “quienes a través de la modalidad de Phishing y Pharming lograban obtener las credenciales bancarias de sus víctimas y efectuar transacciones a empresas que ellos creaban previamente -a nombre de terceras personas- que tenían el único fin de recibir este tipo de dinero de montos defraudados”.
Los arrestos de los tres implicados, dos hombres y una mujer, se llevaron a cabo en Pudahuel y Huechuraba. Los imputados fueron puestos en prisión preventiva.
El fiscal regional, Carlos Palma, explicó que desde diciembre del año 2022 y hasta marzo del año en curso, los integrantes de la banda criminal se organizaron para defraudar a empresas, conformando una agrupación jerárquica con distintas funciones. Los imputados se concertaron con personas no identificadas e idearon un mecanismo para obtener dineros de terceros, mediante la vulneración de los medios de seguridad de bancos, accediendo así a cuentas corrientes de diversas empresas. Adicionalmente, crearon destinatarios para realizar transferencias ilícitas de dinero desde las cuentas de las empresas afectadas hacia cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma.
En el marco de esta operación, la PDI logró incautar elementos relevantes, incluyendo computadores, vehículos de alta gama, documentación, tarjetas de crédito y débito, tanto de los imputados como de terceros y empresas afectadas. El prefecto Orellana, destacó la singularidad del hallazgo, señalando que, “llama la atención que entre los documentos que se incautaron, se encontró un instructivo donde se indicaban los pasos de cómo se debía crear estas empresas para recibir los dineros, el monto que tenían que colocar, el giro, como también a nombre de qué persona tenían que quedar este tipo de empresas”.
Cabe destacar que uno de los líderes de esta organización ya había sido detenido en 2017 por delitos similares. Este operativo refleja el compromiso continuo de las autoridades en la lucha contra el cibercrimen. El plazo para el término de las diligencias en este caso de crimen organizado ha sido fijado en 90 días por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén.
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