En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Pablo Freire Gavilán (presidente), Patricio Zúñiga Valenzuela y Rosalía Mansilla Quiroz (redactora)– aplicó, además, a J.L.V.S. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.
Asimismo, el tribunal impuso al condenado las sanciones especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oídos en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y la inhabilitación absoluta perpetua para cargos, empleos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.
Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que entre 2012 y 2016, J.L.V.S. cometió siete delitos de abuso de sexual en contra de tres víctimas que, a la fecha de los hechos, eran menores de 14 años.
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