Aysén proyecta una nueva cárcel en Coyhaique para aliviar el hacinamiento y modernizar la infraestructura penitenciaria

El sistema penitenciario de la Región de Aysén, tensionado por una creciente población penal que refleja una tendencia nacional, se encamina hacia una profunda transformación. El proyecto estrella es la construcción de una nueva cárcel en Coyhaique, un plan a largo plazo diseñado para reemplazar al actual recinto, construido en los años 60 y hoy severamente sobrepasado en su capacidad. Así lo detalló el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro, en el programa ‘Puntos de Vista’ conducido por el periodista Hugo Araya Leiva.

La actual cárcel de Coyhaique, inaugurada en 1965 con una capacidad original para 50 personas y ampliada posteriormente a 105 plazas, alberga hoy una media de 150 internos, con picos que han llegado a rozar los 180, según explicó Navarro. «Se ha vuelto un tema prioritario», afirmó el titular de justicia en la zona, vinculando el aumento «sustantivo» de la población penal a nivel nacional –cercana a los 60.000 reclusos frente a una capacidad teórica de 42.000– y al impacto de la agenda de seguridad pública, con más de 60 leyes aprobadas que crean nuevos delitos o aumentan penas. «La región no es una excepción a ese fenómeno», subrayó.

Frente a esta realidad, el Ministerio de Justicia impulsa, dentro de su Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, la edificación de un recinto completamente nuevo en Coyhaique. «Será en un lugar distinto, no una remodelación del actual», precisó personero de gobierno. El proyecto contempla una capacidad mínima para 350 personas y sigue un cronograma preciso: la etapa de factibilidad se desarrollará entre 2025 y 2026, seguida por la de diseño entre 2027 y 2028. Una vez aprobado el diseño (con recomendación satisfactoria o RS), se iniciaría la construcción, estimada en cuatro años, lo que sitúa la posible operatividad del nuevo penal hacia principios de la próxima década.

La ubicación exacta no se ha revelado por motivos de seguridad, pero el Seremi abordó que, por criterios de operatividad, seguridad y costos, deberá estar en el entorno urbano o periurbano. «Garantiza que las posibilidades de fuga o rescate sean mínimas», al acortar distancias con los tribunales, y asegura el acceso a servicios básicos como alcantarillado y agua potable, cuya extensión a zonas remotas dispararía los costos. «Un terreno que no tenga urbanización […] se nos dispararía demasiado ese valor», argumentó.

La financiación del proyecto es mixta: el Gobierno Regional de Aysén (GORE) ha comprometido el 100% de los fondos para las etapas de factibilidad y diseño, y un 30% de la ejecución. El 70% restante de la construcción correrá a cargo del Ministerio de Justicia. El futuro del actual edificio penitenciario aún no está definido, aunque el Seremi señaló que el ideal es trasladar toda la actividad al nuevo centro, dadas las limitaciones del antiguo para adaptarse a estándares modernos de celdas individuales o dobles con baño.

Nueva sección femenina en Puerto Aysén y cambios en Justicia Juvenil

La entrevista también abordó otras iniciativas. En Puerto Aysén ya opera una nueva sección femenina en el Centro de Detención Preventiva (CDP), habilitada tras reacondicionar la antigua sección juvenil con recursos de Gendarmería. Con capacidad para 10 internas, actualmente alberga a 8 mujeres condenadas, quienes, según el representante de justicia reportan estar «muy contentas» por las mejores condiciones y mayor espacio.

Otro cambio estructural destacado por Navarro es la implementación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que reemplaza al antiguo Sename en materia penal. Aysén forma parte de la segunda fase de despliegue (Maule a Magallanes), operativa desde enero. Este nuevo servicio, explicó, «no es solamente un cambio de nombre», sino una reforma profunda que introduce la mediación penal y la justicia restaurativa para delitos menores, descentraliza la gestión con direcciones regionales más potentes y establece un modelo de colaboración interinstitucional obligatorio para abordar la reinserción de forma integral (salud, educación, cultura, etc.), pasando de un sistema de subvenciones a uno de compra de servicios a organismos acreditados bajo estándares de calidad.

Finalmente, el Seremi se refirió a proyectos como la demorada construcción del nuevo edificio del Servicio Médico Legal (SML) en Coyhaique, actualmente en reevaluación tras una quinta licitación fallida por sobrecostos, y a las mejoras en oficinas del Registro Civil bajo el programa «Registro Civil te cuida», que ha implementado rincones infantiles en 8 de las 18 oficinas de la región para mejorar la atención a los usuarios.