La presencia del Estado no es solo una cuestión de soberanía, sino de dignidad operativa. Con el cierre del periodo presupuestario y la mirada puesta en el legado de la administración, Samuel Navarro, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región, ha trazado en el programa Por Pavimentar una hoja de ruta que busca saldar deudas históricas en infraestructura y cambiar el paradigma de la seguridad pública en la zona más despoblada de Chile.
La gestión de Navarro se ha cimentado sobre tres pilares fundamentales que intentan responder a una realidad ineludible: el sistema judicial y penitenciario de la región requería una actualización urgente frente a una población penal nacional que ha crecido de 41.000 a más de 60.000 personas en pocos años.
El fin del peregrinaje forense
Uno de los hitos más tangibles es el inicio de las obras del nuevo Servicio Médico Legal (SML) en Coyhaique. Con una inversión que ronda los 14.500 millones de pesos (unos 15 millones de dólares) y una superficie de 2.200 metros cuadrados, la obra no es solo cemento; es una respuesta al dolor de las familias patagónicas.
«Esto permitirá que las dos instalaciones que hoy tiene el servicio se reúnan en una sola con un alto estándar», explica Navarro. La precariedad anterior obligaba a traslados complejos y dolorosos. En una medida paralela y descentralizadora, el Seremi anunció la instalación de una unidad básica forense en el Hospital de Cochrane. El objetivo es claro: que ante un fallecimiento en la provincia Capitán Prat —ya sea en Tortel o Villa O’Higgins— la autopsia se realice localmente, evitando que los deudos deban trasladar los cuerpos cientos de kilómetros hasta la capital regional, sumando costos y duelo a la tragedia.
Una nueva cárcel para una nueva realidad
El segundo gran eje es la construcción del nuevo recinto penitenciario de Coyhaique, un proyecto que, según Navarro, ha atravesado múltiples gobiernos y que ahora entra en fase de concreción. Financiado en un 30% por el Gobierno Regional y un 70% por el Ministerio de Justicia, se espera que el diseño de consultoría se apruebe en 2026, con un horizonte de construcción de seis a siete años.
La nueva cárcel, proyectada para 432 internos, responde al Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. «Recibimos el gobierno con una población penal de 41.000 personas y hoy hay alrededor de 61.000», detalla la autoridad. La región de Aysén, aunque alejada del centro, no escapa a la necesidad de modernizar sus condiciones de reclusión para evitar el colapso.
La paradoja de la seguridad en Aysén
Durante la entrevista conducida por Álvaro Contreras, se abordó una estadística inquietante. Si bien Aysén se mantiene lejos de los índices de criminalidad de la Región Metropolitana, la violencia ha mutado. Los homicidios se duplicaron en el último año, pasando de cinco en 2023 a diez en 2024.
Sin embargo, Navarro hace una distinción crucial para entender la sociología criminal de la zona: no es el crimen organizado el principal motor de estas muertes. «De los diez homicidios, nueve correspondieron a disputas originadas por la ingesta de alcohol y el uso de armas blancas», aclara. La violencia en la Patagonia sigue teniendo un componente cultural arraigado a la riña y el consumo excesivo de alcohol, más que al sicariato o el control territorial de bandas, aunque el microtráfico de drogas ha mostrado un aumento en las incautaciones gracias a una mayor capacidad operativa de las policías.
Del castigo a la mediación
Quizás el cambio más profundo sea intangible. La transformación del antiguo Sename en el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil marca el fin de una era y el comienzo de un enfoque especializado. Este nuevo servicio, que se implementará completamente en la macrozona sur en enero de 2025, introduce la mediación penal juvenil.
«En casos de baja complejidad, hay una participación de la víctima que, a través de un acuerdo, puede llegar a una solución distinta a la mera privación de libertad», señala Navarro. Es una apuesta por romper el ciclo delictual a temprana edad, evitando que los jóvenes entren en la «universidad del delito» que a menudo representan las cárceles tradicionales.
«Soldados al narco»: La defensa de la reinserción
Para el cierre, Navarro ofreció una reflexión política y social sobre la resistencia que genera la inversión en reinserción en la opinión pública. Ante la demanda popular de «más cárcel», el Seremi advierte sobre los peligros de ignorar el día después de la condena.
«El presidio en sí no es un castigo, es la privación de libertad. Si no invertimos en reinserción, la tasa de reincidencia es de uno de cada dos. Si invertimos, esa tasa baja», argumenta. Para Navarro, negar oportunidades a quienes cumplen su condena es, en la práctica, «entregarle soldados al narco», perpetuando un modelo delictual que se nutre de la exclusión sentenció el personero de gobierno.
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