Con el desafío de blindar la confianza pública en tiempos de cuestionamiento institucional, la ministra Natalia Rencoret Oliva asumió este lunes la presidencia de la Corte de Apelaciones de Coyhaique para el año judicial 2026. En su segundo mandato a la cabeza del tribunal de alzada, la magistrada definió como prioridad la consolidación de una gestión transparente que garantice el acceso oportuno a la justicia en un territorio marcado por la dispersión geográfica.
El traspaso de mando llega con cifras que retratan la realidad social de Aysén. Durante 2025, los tribunales de la jurisdicción tramitaron más de 26.500 causas, donde las materias de Familia y Penal concentraron el grueso de la actividad. El dato más revelador es el impacto de la Ley de Responsabilidad Parental: la Unidad de Liquidaciones Especializada aumentó su productividad un 131%, ordenando el pago de más de $45.000 millones en deudas de pensiones de alimentos, una inyección de recursos crítica para miles de hogares ayseninos, mientras que 2.201 morosos ingresaron al Registro Nacional de Deudores.
La gestión saliente del ministro Pedro Castro entregó una corte activa en el territorio. Para mitigar el aislamiento, los juzgados de Cisnes y Cochrane desplegaron itinerancias en La Junta, Tortel y Villa O’Higgins, llevando las audiencias a las zonas más apartadas. Rencoret asume ahora la tarea de mantener esa presencia territorial y fortalecer la protección de la infancia, área que registró 1.339 medidas vigentes al cierre del año pasado.








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