La crisis inflacionaria y el encarecimiento global de los hidrocarburos están golpeando con especial virulencia a una de las zonas más aisladas de Chile. En la región de Aysén, donde la logística depende casi enteramente de factores externos, el alza de los combustibles amenaza con desencadenar una crisis en el sector de la construcción, poniendo en jaque el desarrollo de infraestructuras públicas y la estabilidad del empleo local.
Así lo ha advertido Pablo Carrasco, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en Aysén, en una reciente entrevista concedida a Radio 45 Sur. El dirigente gremial ha radiografiado el impacto del encarecimiento energético, dividiéndolo en tres frentes críticos: el uso intensivo de maquinaria pesada, la compleja cadena logística —»todo lo traemos de afuera, a excepción del agua y los áridos», recalca— y el transporte de materiales derivados del petróleo, como el asfalto, el hormigón y las tuberías. En conjunto, estos factores han disparado los costos de los proyectos vigentes entre un 20% y un 30%.
El temor del sector radica en los contratos de obras públicas que carecen de cláusulas de reajuste. Carrasco señala que, tras el estallido de la guerra en Ucrania en 2022, se produjo un «desacople»: mientras los precios internacionales de los materiales se dispararon, los índices oficiales de la construcción se mantuvieron estáticos. «Lo importante ahora no es el alza en sí, sino que no se paralicen las obras. Que el Estado busque la forma de reajustar los precios para que ninguna obra se caiga, evitando así el desempleo», sostiene.
Un «Mepco» regionalizado y el fin del impuesto específico
Ante la falta de liquidez del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) a nivel nacional, la CChC de Aysén ha entregado una propuesta formal al Gobierno Regional. El documento plantea tres medidas urgentes: la creación de un Mepco regionalizado que amortigüe con mayor fuerza las alzas en zonas extremas; el aumento del subsidio al cabotaje (transporte marítimo) para abaratar el traslado de insumos; y la exención total del impuesto específico a los combustibles para la región.
El líder gremial argumenta que, ante los altos índices de inflación, el impacto en los precios finales de la canasta básica y los materiales de construcción castiga desproporcionadamente a los habitantes de la Patagonia.
Modernización de las leyes de excepción
Más allá de la coyuntura, el sector constructor pone el foco en las deficiencias estructurales de Aysén. Carrasco aboga por una profunda actualización de las llamadas «leyes de excepción» (como la Ley Austral, el DFL 15 y la bonificación a la mano de obra del 889). Según el gremio, herramientas diseñadas para incentivar el poblamiento y la inversión en la zona austral se encuentran hoy subutilizadas debido a plataformas burocráticas obsoletas y montos desfasados que no responden a la realidad económica actual.
En esta línea, la CChC propone una ambiciosa reconversión de la Zona Franca. Lejos del modelo de recintos amurallados o galpones, el gremio apuesta por que la región de Aysén en su totalidad sea declarada Zona Franca de servicios. «Nadie va a venir de otra región a comprar para llevarse los productos por lo aislados que estamos», explica Carrasco. Una medida de este calado, defiende, no solo aliviaría el costo de vida local (eliminando el IVA en productos esenciales), sino que atraería desarrollo tecnológico e inversión a un territorio históricamente rezagado.
El rezago urbano: Coyhaique y la proliferación de parcelas
El diálogo también abordó la crisis medioambiental y urbana que asfixia a la capital regional. Coyhaique, catalogada recurrentemente como una de las ciudades con peor calidad de aire del continente debido a la quema de leña, sufre las consecuencias de una planificación urbana tardía.
El Plan Regulador Comunal de Coyhaique se encuentra desactualizado, un retraso que, según Carrasco, frena el desarrollo de soluciones habitacionales formales, áreas verdes y conectividad. A esto se suma el fenómeno de las parcelaciones de agrado en la periferia, que exige, a juicio de la CChC, un tratamiento regulatorio mixto entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Ministerio de Agricultura, para evitar el crecimiento descontrolado sin acceso a servicios básicos.
«El tema del ordenamiento territorial no está presente de forma efectiva», lamenta Carrasco, urgiendo a las autoridades locales a acelerar los instrumentos de planificación. Para la CChC, el futuro de Aysén no pasa por aislarse, sino por integrarse: «El crecimiento regional es fundamental. Tenemos tremendas oportunidades en turismo, silvicultura y ganadería, pero necesitamos ordenarnos y fijarnos metas», concluyó.








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