La discusión legislativa sobre las reformas estructurales que se tramitan en el Congreso suele observarse desde una perspectiva centralizadora. Sin embargo, cuando estas iniciativas se analizan desde la realidad de la Región de Aysén, los efectos adquieren una dimensión distinta. En una reciente entrevista en el programa Por Pavimentar de Radio45Sur, la diputada Andrea Macías Palma expuso sus observaciones sobre cómo las políticas de reconstrucción, los recortes presupuestarios y las exenciones tributarias impactan directamente a las comunas más aisladas de la región.
El riesgo de desfinanciamiento en los municipios de Aysén
Uno de los puntos más críticos abordados por la legisladora es la propuesta de exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años, contenida en el debate de la Ley de Reconstrucción Nacional. Aunque la medida se presenta como un alivio económico, Macías advierte sobre el severo impacto que tendrá en las arcas municipales de la región a través del Fondo Común Municipal (FCM).
«En nuestra región, en promedio, nuestros municipios tienen una dependencia de un 80% del Fondo Común Municipal. Tenemos comunas como Tortel que tienen una dependencia de un 93%», señaló la diputada. Según su análisis, la disminución de estos ingresos arriesga el financiamiento de servicios básicos esenciales para la comunidad, tales como el alumbrado público, la recolección de residuos domésticos y las ayudas sociales de urgencia, sin que la ley establezca un mecanismo de compensación del 100% para los municipios afectados.
Asimismo, Macías criticó la incorporación de una cláusula de «invariabilidad tributaria» por 25 años para ciertos capitales dentro de la reforma, calificándola como una medida que resta flexibilidad democrática a las futuras administraciones. Por este motivo, la bancada del Partido Socialista presentó una reserva de constitucionalidad, argumentando que, de aprobarse en esos términos, recurrirán al Tribunal Constitucional.
Salmonicultura y la flexibilización de controles ambientales
El debate sobre el desarrollo económico versus la preservación del entorno es constante en la Patagonia chilena. Respecto a la propuesta de micro-relocalizaciones de concesiones acuícolas —que según estimaciones sectoriales podría aumentar en un 30% la biomasa de salmones—, la parlamentaria manifestó su preocupación por lo que considera una relajación de las exigencias de fiscalización.
«Esto no tiene que ver con estar en contra del desarrollo o de la industria acuícola, sino con resguardar que estos procesos productivos se lleven a cabo respetando el medio ambiente», precisó. Macías enfatizó que los mecanismos de control vigentes son escasos y que las reformas no deberían traducirse en un menoscabo a la institucionalidad ambiental del territorio.
El Centro Oncológico y la «negociación» de votos
La salud pública sigue siendo una de las demandas más sentidas en Aysén. Al ser consultada sobre el rol de otros parlamentarios de la zona y la aparente utilización del futuro Centro Oncológico regional como moneda de cambio para la aprobación de proyectos gubernamentales, la diputada fue categórica en rechazar estas prácticas.
«Cuando hay una negociación respecto de una votación, eso es algo que no puede existir; está al margen de la ley», afirmó, aludiendo a la necesidad de despolitizar las urgencias sanitarias de la población. No obstante, valoró el trabajo técnico que actualmente realizan agrupaciones civiles como la Corporación OncoAysén y la Corporación Nacional del Cáncer, quienes junto a las autoridades de Salud y el Gobierno Regional buscan avanzar en el diseño y financiamiento de infraestructura adecuada para evitar el desarraigo de los pacientes oncológicos de la región.
Devolución del IVA en pañales y fármacos: «Una ayuda insuficiente»
Finalmente, Macías analizó el proyecto de ley que busca devolver el IVA en la compra de pañales y medicamentos, una iniciativa que formó parte de los acuerdos políticos para viabilizar la reforma tributaria. Tras el primer análisis técnico en la Comisión de Desarrollo Social, la diputada advirtió que el diseño actual de la propuesta resulta ineficaz y altamente burocrático.
Con los recursos contemplados actualmente, el beneficio real se traduciría en aproximadamente $2.500 pesos mensuales por familia, una cifra que la legisladora considera insignificante frente al costo de la vida en zonas extremas. Además, alertó sobre la exclusión de grupos vulnerables que requieren pañales de forma permanente: «Quedan fuera, por ejemplo, los pacientes postrados menores de 65 años, las personas dentro del espectro autista con necesidades de control de esfínter tardío, y los pacientes oncológicos».
La diputada comprometió el trabajo de la comisión técnica para introducir indicaciones que amplíen el espectro de beneficiarios y simplifiquen el cobro del beneficio, evitando que la medida se convierta en un trámite inaccesible para las familias de Aysén.
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