El diputado por Aysén René Alinco anunció nuevas gestiones administrativas y judiciales para que se investiguen presuntas irregularidades al interior del ELEAM Eliana Contreras Monje de Coyhaique. Durante un punto de prensa realizado en el Congreso, en Valparaíso, el parlamentario afirmó haber recibido antecedentes y denuncias relacionadas con la atención y seguridad de residentes y trabajadores. Alinco aseguró además contar con fotografías que, debido a su contenido y por respeto a los adultos mayores y sus familias, decidió no exhibir públicamente.
Según lo señalado por el diputado, entre los antecedentes recibidos existirían denuncias sobre eventuales abusos sexuales, situaciones de maltrato, problemas en la atención, falta de insumos y personal, además de información relacionada con residentes que presentan diferentes niveles de dependencia. Estas situaciones corresponden a denuncias expuestas por el parlamentario y deberán ser investigadas por los organismos competentes para establecer su veracidad y eventuales responsabilidades.
Alinco cuestionó la actuación de autoridades regionales y sostuvo que los antecedentes serían conocidos por la Seremi de Desarrollo Social y Familia y por SENAMA. En ese contexto, anunció que solicitará al Ministerio Público la designación de “un fiscal de carácter exclusivo” para investigar la situación del ELEAM de Coyhaique y revisar otros establecimientos que atienden adultos mayores en la región. El parlamentario también señaló que recurrirá a instancias del nivel central y a la justicia para solicitar que los hechos sean esclarecidos.
El diputado manifestó además preocupación por eventuales presiones contra funcionarios que habrían proporcionado información sobre lo ocurrido. Alinco indicó que continuará realizando gestiones ante organismos administrativos y judiciales y pidió que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia adopte medidas frente a los antecedentes denunciados. Hasta ahora, la información proporcionada corresponde a las declaraciones y denuncias formuladas públicamente por el parlamentario, sin que en los antecedentes entregados conste una resolución judicial que establezca responsabilidades por los hechos señalados.








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