La Delegación Presidencial y la Seremi del Trabajo de Aysén presentaron recientemente en Coyhaique la bajada regional del plan gubernamental “Chile Despega, con más pega”, destacando que la Mesa por el Empleo superó su meta inicial al registrar 657 nuevos puestos de trabajo entre julio y agosto. El despliegue de obras públicas busca reactivar la economía en un momento especialmente adverso, marcado por la recesión técnica que golpea al territorio austral y una persistente pérdida de empleos protegidos.
El programa estatal contempla movilizar 1,3 billones de pesos a nivel nacional para dinamizar sectores estratégicos. En Aysén, donde el mercado laboral privado es reducido y altamente estacional, la apuesta descansa en la infraestructura vial y aeroportuaria, como la pavimentación de la Ruta 7 entre Bahía Murta y el puente El Belga ($70 mil millones) y la modernización del Aeropuerto de Balmaceda. La delegada presidencial regional, Luz María Vicuña, defendió que la articulación público-privada permitirá “avanzar hacia una nueva etapa que traduzca la inversión en oportunidades concretas para las familias”.
Sin embargo, el optimismo de las cifras oficiales contrasta con el cuadro macroeconómico de fondo. La economía regional se encuentra sumida en una recesión técnica, una parálisis productiva que el último boletín de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) grafica con crudeza: Aysén perdió puestos con contrato y previsión social, con un retroceso interanual del 2,0% en los asalariados formales. Al mismo tiempo, la inactividad trepó un 8,4%, acumulando a más de 28.600 ayseninos que hoy se mantienen al margen de la fuerza de trabajo, desalentados ante la escasez de alternativas en ciudades y faenas rurales.
Para los hogares del extremo sur, donde el costo de la canasta básica y el combustible supera con creces el promedio del país, la reactivación no es un indicador técnico sino una urgencia vital. Aunque los subsidios a la contratación suman 222 trabajadores beneficiados, el desafío de fondo sigue siendo transformar las faenas transitorias de obras públicas en empleos estables que devuelvan la seguridad económica a los trabajadores regionales.







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