La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió por unanimidad este martes 06 de octubre la solicitud de desafuero contra el senador por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto, en el marco de la investigación que encabeza la Fiscalía por presuntos delitos reiterados de fraude al Fisco. La resolución del tribunal de alzada suspende al legislador independiente de sus funciones y abre un escenario de alta tensión política en el Congreso: al quedar inhabilitado para votar en sala, el bloque afín al Gobierno se reduce de 26 a 25 escaños, perdiendo la frágil mayoría que sostenía sus proyectos estratégicos en la Cámara Alta de 50 asientos.
La determinación judicial despeja el camino para que el Ministerio Público presente formalmente su acusación penal, en la que solicita más de 12 años de cárcel para el parlamentario. La causa indaga la presunta apropiación indebida de más de 100 millones de pesos en asignaciones públicas entre 2018 y 2022, mediante la contratación simulada de asesorías que luego habrían retornado a sus manos, según declaró judicialmente su propia excolaboradora Carla Graf. Se trata de un revés procesal sin precedentes para el legislador, quien ya había sido desaforado en su etapa como diputado antes de conquistar un escaño senatorial.
En el plano legislativo, la salida forzada de Calisto desarticula el control gubernamental sobre debates clave como la Ley de Presupuestos y las reformas de seguridad, dejando al oficialismo sin el voto dirimente que inclinaba la balanza en Valparaíso.
No obstante, el impacto más hondo de este fallo resuena en las comunidades de la región. Esto ya que la suspensión de Calisto deja a la comunidad patagónica del país con una representación mermada y reactiva la frustración de los vecinos y vecinas que confiaron en su figura para canalizar las demandas locales.
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