El tijeretazo a la Ley Ricarte Soto desata el rechazo en Aysén: Ximena Órdenes frena el Presupuesto de Salud de 2027

La senadora por la Región de Aysén, Ximena Órdenes Neira, anunció este miércoles que rechazará la partida de Salud del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 tras constatar una reducción del 14,5% en los recursos destinados a la Ley Ricarte Soto (Ley N° 20.850). La legisladora denunció en el Congreso Nacional que la propuesta de Hacienda despoja al fondo de más de 28.200 millones de pesos, una medida que tachó de «indolencia inaceptable» y que frena el ingreso de tratamientos vitales para patologías graves como la atrofia muscular espinal, la acondroplasia y cánceres metastásicos avanzados.

En el sur austral, donde la lejanía geográfica obliga a costosas derivaciones médicas hacia el centro del país, el acceso a medicamentos de alto costo marca la delgada línea entre la supervivencia y la ruina económica de un hogar. El instrumento, que brinda protección a 27 diagnósticos graves, vio aumentar sus beneficiarios de 57.000 a 75.000 personas entre 2023 y 2025. Pese a esa presión asistencial, el erario rebaja las transferencias corrientes de Fonasa de 189.695 millones a 166.951 millones de pesos, profundizando una crisis de financiamiento que mantiene congelada la incorporación de nuevas patologías desde 2021.

“Este recorte no solo frena la llegada de inmunoterapias oncológicas o terapias para niños con atrofia muscular espinal, sino que clausura la esperanza de miles de hogares. Como senadora, no respaldaré un presupuesto que quita recursos a familias que enfrentan una enfermedad de alto costo”, advirtió Órdenes. La parlamentaria subrayó que los pacientes patagónicos ya sobrellevan el desgaste del desarraigo al tratarse fuera de su tierra, por lo que recortar sus fármacos representa una desprotección estatal que profundizará la inequidad territorial.

A este golpe se suma una poda de casi 78.000 millones de pesos (-3,1%) en el Programa de Prestaciones Institucionales, vía que nutre la operatividad de los hospitales públicos del país. Para recintos asistenciales como el Hospital Regional de Coyhaique, que funcionan al límite de su capacidad técnica y financiera, esta merma amenaza con precarizar aún más las atenciones. Órdenes adelantó que dará la batalla en el Parlamento para exigir la reposición total de los recursos antes del despacho final del erario.