Becas Patagonia, Prodesal y salud primaria: las alertas de la diputada Macías ante el Presupuesto para Aysén

La diputada (PS) por la Región de Aysén, Andrea Macías Palma, cuestionó públicamente la propuesta de Presupuesto Nacional presentada por el Gobierno central para el próximo año, alertando que el incremento global del 1,5% se compensa con reducciones directas en servicios públicos esenciales para las comunidades del sur austral. La parlamentaria expuso sus reparos durante la emisión inaugural de la tercera temporada del espacio radial Por Pavimentar, transmitido por Radio45Sur y medios asociados desde Coyhaique, argumentando que las disminuciones en programas sociales afectarán a los sectores de menores ingresos, a los trabajadores del campo y a la capacidad de inversión de la región en un período de bajo crecimiento económico.

En la entrevista, Macías explicó que la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional se ha concentrado en los recortes debido a que el aumento general anunciado responde únicamente a obligaciones fijadas por ley —como el pago de la carrera docente o la implementación obligatoria de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP)— y no a una ampliación real de las prestaciones estatales. Según indicó, el financiamiento de áreas prioritarias como seguridad se está realizando mediante la disminución de recursos en otros programas sociales vigentes.

Impacto en el campo aysenino y en los estudiantes

Uno de los puntos principales expuestos por la legisladora es el retroceso financiero para el sector rural. De acuerdo con los antecedentes revisados en las comisiones legislativas, el Programa de Desarrollo Local (Prodesal) —que opera a través de los municipios para entregar asesoría técnica a pequeños productores vinculados al Indap— tendrá una reducción del 58%. Asimismo, se registran bajas superiores al 50% en los programas de créditos a largo plazo destinados a la agricultura familiar campesina, fondos que los habitantes rurales utilizan para levantar invernaderos, galpones y cierres perimetrales. A ello se suma el término del presupuesto para la fundación Prodemu, institución que apoya a mujeres rurales en comunas alejadas como Cochrane y en la provincia de General Carrera.

En el área educativa, la diputada detalló disminuciones en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), lo que repercutirá en los programas de salud escolar (atenciones de oftalmología, otorrinolaringología y odontología) y en el financiamiento de hogares y residencias familiares estudiantiles. También advirtió un recorte del 50% para el equipamiento de liceos técnico-profesionales y la eliminación de recursos para nuevos liceos bicentenario.

Respecto a la educación superior, Macías informó que junto a dirigentes estudiantiles y parlamentarios de la zona sur están exigiendo aclaraciones al Ejecutivo por la agrupación de los beneficios estudiantiles bajo un único ítem denominado Becas Patagonia. La falta de diferenciación presupuestaria entre la Beca Aysén, la Beca Patagonia y la Beca Magallanes genera incertidumbre sobre los montos y cupos específicos que corresponderán a los jóvenes de la región.

Salud primaria y pérdida de recursos regionales

En materia sanitaria, la representante de Aysén señaló que el presupuesto disminuye los fondos para la compra de medicamentos de alto costo de la Ley Ricarte Soto y no contempla el financiamiento necesario para respaldar las nuevas incorporaciones al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), mientras aumentan las transferencias para la compra de servicios a clínicas privadas.

Además, expuso una desigualdad administrativa que afecta directamente a los consultorios de Aysén: debido a que la atención primaria en la región depende del Servicio de Salud y no de las municipalidades, el Ministerio no aplica el cálculo de financiamiento por habitante (per cápita) que rige en el resto de Chile, entregando menos dinero del que requiere la red local de atención primaria.

Finalmente, Macías cuestionó la nueva rebaja aplicada al Gobierno Regional de Aysén, institución que dejará de percibir cerca de 6.000 millones de pesos. En un territorio donde la actividad económica y el empleo dependen directamente de la inversión pública, esta disminución limita la ejecución de obras comunales fuera de los trabajos ya programados en la Ruta 7. Para intentar revertir estas medidas antes de la votación en sala, la diputada anunció que la próxima semana asumirá la coordinación de la nueva Bancada por la Descentralización en la Cámara de Diputadas y Diputados.