Sin apoyo de organismo público alguno, un grupo de vecinos y vecinas de Puerto Guadal logró un importante triunfo ciudadano luego que este viernes el Tribunal Ambiental de Valdivia declarara ilegal la construcción y eventual futura operación de la central hidroeléctrica Los Maquis, en las emblemáticas cascadas homónimas. La sentencia revocó así una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente de diciembre pasado que desestimó la denuncia de parte de la comunidad local que reclamaba que el proyecto debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La corte estableció que la construcción de la central, que pretende utilizar las aguas de la cascada y según las y los denunciantes generó durante las obras altos impactos ambientales y al patrimonio cultural y turístico, se desarrolló dentro de un área bajo protección oficial como es la Zona de Interés Turístico (ZOIT) Chelenko, que tiene como uno de sus objetivos “la protección y valoración de sus recursos naturales, identidad y tradiciones, asegurando el desarrollo sustentable de sus comunidades locales”.
“Se anula la Res. Ex. Nº 2423, de 7 de diciembre de 2020, dictada por la Superintendencia del Medio Ambiente, por no conformarse con la normativa vigente, debiendo esta última dictar la resolución que en derecho corresponda, conforme a lo considerado en la presente sentencia” se señala en la sentencia de 45 páginas.
“El fallo reconoce, en términos concretos, que la decisión de la SMA de archivar esta denuncia argumentando que este proyecto no era susceptible de afectar la Zona de Interés Turístico Chelenko es una decisión de carácter ilegal” señaló el asesor legal Erwin Sandoval Gallardo, del Estudio Jurídico Lawen que integra además el abogado Rodrigo Meneses Tapia. El equipo fue el que patrocinó la reclamación de la comunidad.
El fallo establece que la ZOIT Chelenko no sólo es un instrumento de gestión de recursos con el objeto de promover inversión pública o privada en materia turística en un determinado territorio. Al caracterizarse por su claro objetivo de preservación y conservación de los bienes naturales presentes en el área declarada como tal, debe ser considerada como área puesta bajo protección oficial para los efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Es así que la cascada Los Maquis, sus caídas de agua, pozones y área circundante forman parte del objeto de protección de la ZOIT. Y Edelaysén (del Grupo Saesa, controlado por capitales canadienses), al construir su central hidroeléctrica, podría afectar este atractivo por lo cual debió ingresar, previo a su materialización, al SEIA. En el fondo, el pronunciamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente que concluyó lo contrario no se ajustó a derecho.
Al respecto Andrés Barría, vecino y uno de los firmantes, expresó que “la convicción que siempre hemos tenido como parte de la Red Los Maquis Libre y poblador de Puerto Guadal es sobre el valor histórico que tienen las cascadas y pozones Los Maquis”. Patrimonio que “estaba siendo amenazado por la ilegalidad y falso desarrollo, y provocando rivalidades entre algunos vecinos” indicó.
Y puntualizó: “Hemos recibido con gran alegría la noticia. Esperamos que la empresa Edelaysén repare los daños ambientales al lugar, considerando que la cascada Los Maquis es uno de los lugares culturales, recreativos y turísticos más emblemáticos de la localidad”.
“Nos pone súper contentos obtener algún tipo de triunfo como ciudadanos, porque sentimos que todo el tiempo está todo en contra. La verdad es que cuando comienzan a construir una obra de tal envergadura los pobladores y los campesinos tampoco saben qué hacer, no sabemos cómo actuar como ciudadanos o qué caminos tomar” explicó otra de las requirentes, Evelyn Quezada. “Pero gracias a que nos hemos podido organizar pudimos levantar un movimiento ciudadano por preservar la naturaleza y el sistema único de las cascadas, en la Patagonia chilena, lugar emblemático porque debemos cuidar el agua”.
En su opinión, éste “es un precedente para que pongamos ojo y que las entidades competentes escuchen a las personas y a la ciudadanía antes de aceptar a las grandes empresas que hagan lo que quieran en los territorios”.
El recurso contó con el respaldo y apoyo de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa) y la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA). La SMA tiene 15 días hábiles para presentar recurso de casación ante la Corte Suprema, sin embargo los reclamantes esperan que tal no ocurra, con el fin de no insistir en destinar recursos públicos, de todos, para seguir avalando proyectos privados declaradamente ilegales.
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