Sandoval propone que rectores y junta directiva de Universidades, Institutos y Centros de Formación Técnica sean responsables civilmente de la gestión financiera e institucional de dichas entidades

El senador David Sandoval presentó en los últimos días, un proyecto de ley que busca establecer y reconocer la responsabilidad del rector y la junta directiva de Universidades, Institutos y Centros de Formación Técnica a partir de sus actuaciones como dirigentes de estos establecimientos educacionales.

La propuesta hace hincapié en lo necesario de reforzar las líneas de responsabilidad de quienes tienen a su cargo “la importante misión de organizar y administrar los planteles de educación superior en Chile”. 

Y esto, a partir, por ejemplo, de la crisis que atraviesa la Universidad de Aysén, donde más de 600 alumnos quedaron en total incertidumbre producto, señala Sandoval, de malos manejos financieros y administrativos, con un difuso proyecto académico, el que además fue cautivado políticamente, lo que llevó a una profunda investigación por parte de la Superintendencia de Educación Superior (SES), que concluyó en el nombramiento del académico Juan Pablo Prieto Cox, como administrador provisional del recinto. 

“Todos estos aspectos hacen que la consagración institucional de entidades como estas, pongan en tela de juicio, no sólo la orgánica corporativa de las casas de estudios superiores, sino también todo el sistema de controles dispuestos por la ley, aspecto que este proyecto bordará en lo sucesivo”, señala el documento. 

En la iniciativa, Sandoval plantea que el principio de responsabilidad en materia educacional curiosamente sólo está referida a la labor que alumnos y padres y apoderados desarrollan, así como en académicos y tutores, pero resulta inexplicable “que quienes cumplen la función de administración de los planteles educacionales no tengan regulación ni responsabilidad legal como en derecho corresponde”. 

Es por ello que el proyecto de ley “basa la responsabilidad de los directores de los planteles de educación superior en normas afianzadas en el ordenamiento jurídico en relación a la responsabilidad civil de quienes administran intereses y recursos ajenos”, considerando que actualmente dichas autoridades no son responsables civilmente de la mala gestión de las entidades que dirigen.

Cabe señalar que la iniciativa ahora será analizada por la Comisión de Educación de la Cámara Alta.