Contraloría Regional confirma maltrato y discriminación por parte de delegado municipal en Puerto Guadal respaldado por el ex alcalde Luperciano Muñoz.

Tras más de dos años desde que la afectada y la junta de vecinos N°8 de Puerto Guadal dieran a conocer los hechos, la Contraloría Regional confirmó la veracidad de la denuncia en contra del delegado municipal Jorge Parra Riquelme. Mediante resolución del 28 de mayo de este año, se determinó que el funcionario incumplió normativas relacionadas con “realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia” y “observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado”. Los hechos datan de principios de 2022, cuando Consuelo Pérez Diéguez, matrona de la localidad, sufrió maltrato verbal y psicológico, incluyendo actos discriminatorios penados por la Ley Zamudio.

El alcalde Luperciano Muñoz, tras recibir las denuncias y una carta de la junta de vecinos solicitando una investigación, desestimó las acusaciones mediante ordinario del 2 de marzo de 2022, respaldando firmemente a Parra:  “esta autoridad respalda firmemente al delegado municipal de Puerto Guadal don Jorge Parra, brindando todo el apoyo ante los dichos de malas prácticas en contra de él, no existiendo la fecha una denuncia formal que avale su falta de habilidad en sus funciones”. Esta decisión fue cuestionada por la ex seremi de la Mujer y Equidad de Género, Bárbara Ortúzar, quien enfatizó la necesidad de investigar cualquier denuncia de violencia hacia las mujeres. Posteriormente, los antecedentes fueron presentados a la Contraloría Regional, que el 10 de mayo de ese año instruyó al edil realizar un sumario administrativo, el cual comenzó el 10 de junio siguiente.

Debido a múltiples denuncias acumuladas contra Parra, la Contraloría tomó directamente la investigación el 12 de octubre de 2022. La resolución final estableció que Parra no ejerció su labor con la debida diligencia y cuidado, y se extralimitó en sus atribuciones al solicitar que no se accediera a una solicitud de financiamiento para un programa deportivo presentada por Pérez debido a problemas personales. La Contraloría recomendó al alcalde la medida disciplinaria de una multa del 20% de la remuneración de Parra y una anotación de demérito en su calificación. A la fecha, no se sabe si el edil aplicó la sanción, mientras que la afectada decidió emigrar de la localidad.