La nueva Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha generado controversia entre los empleados públicos tras emitir un dictamen que redefine el concepto de «confianza legítima». Este dictamen implica que la Contraloría ya no intervendrá en casos relacionados con la renovación de contratas, derivando dichas disputas a los tribunales de justicia.
El dictamen de Pérez establece que los tribunales de justicia determinarán el plazo para que los funcionarios adquieran «confianza legítima». La justicia, en esta materia, ha sostenido reiterados fallos hasta 2021 que el principio de confianza legítima solo opera después de cinco años de función pública y no en dos años como establecía el criterio de Contraloría.
Este martes 12 de noviembre, dirigentes gremiales de la CUT, ANEF y otros gremios se acercaron a la Contraloría Regional de Aysén para entregar una carta de protesta, solicitando la reconsideración del dictamen. La presidenta de ANEF Aysén y dirigente de Anfucultura, Yéssica Almonacid, expresó su rechazo al nuevo criterio, calificándolo como un retroceso para los derechos laborales. Almonacid advirtió que los criterios de la justicia son distintos a los negociados previamente, lo que representa una amenaza a la estabilidad laboral y a la función pública. Tras la entrega formal de la carta de reconsideración, los trabajadores se congregaron en el frontis de la Contraloría Regional Aysén para manifestar su descontento, subrayando que el cambio en el criterio los somete a decisiones que podrían variar con cada gobierno de turno.
*Imagen desde RRSS de ANEF Aysén








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