Lo que comenzó como una práctica habitual en la Región de Aysén –el arriendo de vehículos para el traslado de autoridades– ha terminado en una enrevesada batalla judicial que se extiende por más de un año. De un lado, el Gobierno Regional de Aysén, exigiendo el reintegro de más de 25 millones de pesos. Del otro, Julio Uribe Alvarado, ex consejero regional, ex presidente del Consejo Regional y ex alcalde de Aysén, defendiéndose de lo que considera un cobro injusto y una persecución desmedida.
La historia, documentada en un expediente judicial de más de 170 páginas al que ha tenido acceso radio45sur, es un laberinto de oficios, dictámenes, excepciones, notificaciones fallidas y trámites procesales. Un reflejo, quizás, de la burocracia y las complejidades de la administración pública chilena, pero también de la tenacidad de un hombre que se niega a pagar una deuda que considera ilegítima.
El origen: Arriendos para traslados y un dictamen de Contraloría
Todo comenzó en 2016. Uribe Alvarado, entonces consejero regional y presidente del CORE de Aysén, debía trasladarse frecuentemente desde su domicilio en una zona rural cercana a Puerto Aysén hasta Coyhaique, la capital regional, para participar en las sesiones del Consejo. Según su testimonio, no contaba con vehículo propio y la distancia hacía imprescindible el uso de transporte.
El Gobierno Regional, amparándose en el artículo 39 de la Ley 19.175 (Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional), que obligaba a facilitar los gastos de traslado, implementó un sistema: se solicitaban tres cotizaciones de arriendo de vehículos y se elegía la más económica. El propio Uribe Alvarado presentó las cotizaciones, y el gasto fue aprobado, pasando por múltiples filtros internos: Secretaría Ejecutiva, Jefatura de Finanzas, e incluso la firma de tres Intendentes distintos entre 2016 y 2019.
Pero en 2018, una duda surgió en el seno del Gobierno Regional. Se consultó a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la procedencia de estos gastos. La respuesta, en forma de Dictamen N°2.767, llegó en febrero de 2020: los gastos eran improcedentes. La normativa, dictaminó la CGR, no contemplaba el arriendo de vehículos como un beneficio para los consejeros regionales.
La demanda: Reintegro y defensa del ex consejero
Con el dictamen en mano, el Gobierno Regional exigió a Uribe Alvarado el reintegro de los fondos: 24.954.300 pesos. El aludido se negó. Argumentó que había actuado de buena fe, siguiendo los procedimientos internos, y que los traslados eran esenciales para su función. La demanda civil de reintegro, presentada en marzo de 2023, dio inicio a la batalla judicial.
Desde entonces, el expediente se ha llenado de escritos, resoluciones y notificaciones. Uribe Alvarado, representado primero por el abogado Marcelo Edgardo Rodríguez Avilés y luego por Mario Andrés Cocina Vargas, opuso excepciones, alegó la prescripción de parte de la deuda, cuestionó la claridad de la demanda, la legitimidad de las partes e incluso el tipo de juicio (inicialmente calificado como «de Hacienda»).
Hubo una audiencia de conciliación fallida, un incidente de nulidad –también fallido– y una extensa discusión sobre el procedimiento a seguir. Se presentaron testigos, se adjuntaron documentos, se realizaron notificaciones –algunas de ellas, objeto de controversia por su validez–.
La sentencia: A favor del Gobierno Regional, pero la historia continúa
En mayo de 2024, el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Aysén dictó sentencia: acogió la demanda del Gobierno Regional y ordenó a Uribe Alvarado el reintegro de la suma original, más reajustes e intereses. El juez desestimó todas las alegaciones del demandado, considerando que la deuda estaba acreditada y que el ex consejero se había beneficiado de fondos públicos de manera improcedente.
Pero la historia no terminó ahí. Uribe Alvarado, a través de un nuevo abogado, apeló la sentencia, aunque fuera de plazo. La apelación fué rechazada. Se inició el cumplimiento incidental de la sentencia.
Embargo y futuro incierto
El Gobierno Regional solicitó la liquidación del crédito, que ascendió a 25.651.800 pesos. Uribe Alvarado objetó el cálculo, alegando errores en la fecha de inicio de la mora y en la tasa de interés aplicada, pero su objeción fue rechazada.
Se ordenó el embargo de su cuenta corriente, pero no había fondos. Finalmente, se encuentra en proceso de embargo un bien raíz de su propiedad, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Aysén y que responde a un inmueble ubicado en el casco céntrico de la ciudad porteña que posee 183 metros cuadrados y se encuentra avaluado en $ 33.216.301 pesos.
El caso, a día de hoy, se encuentra en fase de ejecución. Queda por ver si el Gobierno Regional logrará recuperar los fondos, y si Uribe Alvarado agotará todas las instancias legales a su alcance. Lo que sí queda claro es que un simple trámite administrativo –el arriendo de un vehículo– puede convertirse en una compleja y costosa batalla legal, con consecuencias económicas y personales para los involucrados. Una historia que, sin duda, deja en evidencia las complejidades, y a veces las contradicciones, del sistema administrativo chileno.
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