La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió un recurso de protección presentado por una vecina del sector colindante al albergue Protege, centro destinado a personas en situación de calle. El tribunal determinó que el actuar de la Subsecretaría de Servicios Sociales, la Seremi de Desarrollo Social de Aysén y la ONG CIDETS –entidad ejecutora del recinto– fue ilegal y arbitrario al no implementar medidas eficaces frente a reiterados episodios de violencia protagonizados por usuarios del recinto.
En su fallo unánime (causa rol 58-2025), la Primera Sala consideró que los antecedentes presentados, entre ellos videos, denuncias formales y reclamos dirigidos a diversas autoridades, son verosímiles y dan cuenta de una afectación al derecho a la integridad síquica de los recurrentes. “La exposición continua y permanente a actos de violencia quebranta el bienestar emocional y la sana convivencia del vecindario”, señala la resolución.
Como medida, la Corte ordenó que las entidades recurridas coordinen acciones con organismos públicos para abordar las problemáticas del albergue y prevenir nuevos hechos que alteren la tranquilidad del entorno. Además, instruyó que se informe en un plazo de 15 días sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de los vecinos y el cumplimiento del programa Protege Calle.









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