
Una grave denuncia dio a conocer este martes la Contraloría General de la República, tras revelar que 25.078 funcionarios públicos a nivel nacional salieron del país mientras se encontraban con licencia médica, entre los años 2023 y 2024. Según el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), los viajes se produjeron durante los días de reposo, totalizando 59.575 entradas y salidas del país. La situación fue detectada gracias al cruce de datos entre la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y los registros migratorios de la Policía de Investigaciones (PDI).
En la Región de Aysén, los servicios con mayor número de casos fueron la Municipalidad de Chile Chico (123), el Servicio Local de Educación Pública SLEP (104), la Municipalidad de Coyhaique (95), y la Municipalidad de Aysén (39). En total, 434 casos se registraron en instituciones regionales, incluyendo además a los gobiernos locales de Cisnes, Río Ibáñez, Lago Verde, Guaitecas, Tortel y O’Higgins, así como el Gobierno Regional, el Servicio de Salud y corporaciones municipales. Los organismos involucrados y la cantidad de licencias que se habrían ocupado irregularmente en cada uno de ellos serían los siguientes (en este listado no se incluyen funcionarios públicos de servicios o ministerios nacionales):
- Municipalidad de Chile Chico – 123
- Servicio Local de Educación Pública Aysén – 104
- Municipalidad de Coyhaique – 95
- Municipalidad Aysén – 39
- Municipalidad de Cisnes – 18
- Municipalidad de Río Ibáñez – 12
- Gobierno Regional de Aysén – 12
- Municipalidad de Lago Verde – 10
- Dirección Servicio Salud Aysén – 10
- Municipalidad de O’Higgins – 3
- Municipalidad de Guaitecas – 3
- Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Coyhaique – 2
- Municipalidad de Tortel – 1
Debido a la gravedad de los antecedentes, el fiscal nacional Ángel Valencia ordenó abrir una investigación penal de oficio, instruyendo que la causa sea liderada por la Fiscalía Oriente, que ya indaga otras licencias fraudulentas. Entre los delitos que se investigan se encuentran fraude al fisco, uso malicioso de instrumento público, y en algunos casos, emisión dolosa de licencias médicas. La investigación considera sanciones que podrían incluir penas de cárcel y multas, especialmente si se determina que hubo obtención indebida de subsidios estatales.









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