Acusan presunto fraude al fisco por $3 mil millones: Querella criminal y demanda colectiva por inundaciones en el cementerio de Puerto Aysén.

Una querella criminal por presunto fraude al fisco y una demanda colectiva por daño moral presentó un grupo de casi 70 familias de Puerto Aysén, luego que sus seres queridos sepultados en la ampliación del cementerio de la ciudad resultaran afectados por graves anegamientos. El abogado querellante, Antoine Peñaloza Garrido, explicó que buscan que se investigue la responsabilidad de la administración municipal de Julio Uribe Alvarado y de la administración del Gobierno Regional de Andrea Macías, en la ejecución de las obras, por las que se destinaron casi $3.000 millones desde el FNDR.

La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén y apunta a determinar cuánto se invirtió efectivamente, si el monto fue inferior a lo adjudicado, y por qué el cementerio quedó con fallas estructurales que permitieron inundaciones, filtraciones, barro y féretros a 20 centímetros de la superficie. El abogado Peñaloza explicó que «estuve en el cementerio y es de toda lógica que esa obra no costó los 3.000 millones de pesos en virtud al cual se adjudicó. Por lo tanto, nosotros decimos, la lógica indica que esta obra debe haber costado no más de 500 millones de pesos, no más. Segundo, si costó 3.000 millones de pesos y quedó mala, no está funcionando, está funcionando muy mal. Entonces, ¿Qué pasó con los otros 2.500 millones de pesos o los 2.000 millones de pesos? ¿Por qué existe un sobreprecio tan grande para una obra que no tiene ese valor? Además, esa plata que se adjudicó excesivamente, con este sobreprecio, según estimamos nosotros y por eso creemos que se investigue, se pudo haber dedicado a otras necesidades tan urgentes que tiene Puerto Aysén».

Por lo tanto, continuó Peñaloza, «tiene estas dos aristas: El Gobierno Regional, un organismo técnico, porque por algo tiene grandes asesores muy bien financiados, así como en el municipio de Puerto Aysén, sabían de esta situación, sabían claramente cuál era el terreno, sabían cuál era la obra que se iban a ejecutar y por lo tanto creemos que esto es una dilapidación, si lo podemos decir de la forma mínima, muy negligente de los recursos fiscales», señaló.

En paralelo, las familias también presentaron una demanda civil por $4.320 millones por daño moral, la demanda sostiene que se violaron normas urbanísticas, que hubo advertencias de ilegalidad por parte del director de obras y que igualmente se autorizó la habilitación del cementerio. “Es por el gravísimo daño moral que se le produjo a toda esta familia que tienen a sus difuntos enterrados en el cementerio de Puerto Aysén, porque se inundan y las fosas donde están sus familiares están inundadas y con lodo. Por lo tanto, usted se imaginará una madre que tiene un hijo de 15 años enterrado ahí, tener que ir a verlo con lodo y agua con la tumba inundada, con un féretro que está a solo 20 centímetros de la superficie, contrariando las normas urbanísticas y que regulan los cementerios. En un cementerio que no tenía ninguna condición técnica para poder operar, se operó igual, se ejecutó igual en contra de dictamen y resoluciones precisamente en contra del director de obra del mismo municipio de Aysén…”, afirmó el abogado.

Además, «Los informes son categóricos, expresos en representarle a la máxima autoridad la ilegalidad que se está cometiendo en esta obra. Por lo tanto, no solo debiera responder el gobernador (sic) [Gobernadora], por una parte, sino que el equipo directivo que llevó a cabo esta licitación, sino que la máxima autoridad de Puerto Aysén, así como en este caso el director de Secplan, que tiene un informe justificando y aminorando la responsabilidad del municipio como una forma de decir: ‘vamos a tratar este problema que está lo vamos a suavizar’ (sic) aparte, por supuesto [de la responsabilidad] de otros funcionarios menores que tal vez atendido [a] que estamos en un régimen jerárquico…», señaló el jurista. Desde el Concejo Municipal se habría reconocido la responsabilidad edilicia en esta situación por lo que Peñaloza anunció que solicitarán a la Contraloría un pronunciamiento y que se está evaluando un requerimiento de destitución del actual alcalde Martínez, así como la inhabilidad para ejercer cargos públicos del ex edil Uribe, además emplazó al actual alcalde de la comuna y al Gobernador Regional Santana, a entregar un solución definitiva a los deudos.

El abogado Antoine Peñaloza Garrido y los familiares buscarán la designación de un fiscal especial para investigar esta causa. Para ello, esperan acompañarse de autoridades parlamentarias de la región.