Un grave incidente entre dos estudiantes del liceo de Villa Mañihuales, que dejó a uno de ellos con heridas de carácter grave y trasladado a Puerto Montt, ha generado conmoción en la comunidad y reactivado el debate sobre la seguridad al interior de los establecimientos educacionales. La presidenta del Centro de Padres y Apoderados, Beatriz Oyarzo, llamó a no minimizar lo ocurrido y a enfrentar de manera urgente la crisis de salud mental que afecta al sistema educativo, pidiendo contención emocional para los estudiantes, profesores y personal del establecimiento.
Tras el hecho, se realizaron reuniones con cursos y apoderados, además de la intervención de equipos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), con el fin de ofrecer apoyo psicológico a quienes se han visto impactados por el episodio. La seremi de Educación de Aysén, Katherine Miqueles, señaló que “Es inaceptable que hechos como estos ocurran al interior de los establecimientos educacionales”, agregando que “resulta crucial propiciar espacios formativos amplios, de encuentro y diálogo, pues entre todos debemos trabajar para que los establecimientos educativos sean siempre espacios de cuidado, bienestar y protección”. Oyarzo también hizo un llamado a la calma y a evitar especulaciones, subrayando que si bien este tipo de hechos no son reiterativos en la comuna, sí requieren una respuesta integral.
El caso ha reabierto la discusión sobre la instalación de portales detectores de metales en recintos escolares, propuesta que fue recientemente aprobada en general por la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados con seis votos a favor y las abstenciones de las diputadas oficialistas Alejandra Placencia (PC) y Lorena Fríes y Maite Orsini (F.A.). La medida ha generado posturas contrapuestas. Mientras algunos sectores valoran su aplicación como un mecanismo preventivo, autoridades como el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, han manifestado reparos por posibles vulneraciones de derechos y la eficacia real de esta tecnología en contextos escolares.
Con motivo de la balacera registrada en el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, y que dejó a tres estudiantes heridos y un menor de 17 años detenido por su presunta participación en los hechos el mes de mayo de este año, el ministro Cataldo señaló a radio Universo de Santiago: «Primero, no podemos resolver los problemas de vulneración de derechos vulnerando otros derechos». Sin embargo, dijo estar abierto a la conversación en torno a la utilidad de tener detectores de metales u otro tipo de dispositivos, «discutamos el fondo, porque en el momento, en la coyuntura, como se dice ‘en caliente’, parecen muy razonables algunas decisiones, pero hay que mirar la evidencia, como ha operado con otras experiencias, y cuál es la capacidad del sistema educativo, y no me refiero solo a la capacidad del Estado, sino que a la capacidad de todos los sostenedores de poder adquirirlos, instalarlos, y luego mantener una operación constante». Con todo, recalcó que «yo no tengo problemas que lo discutamos y veamos si es una medida que realmente va a ayudar a subsanar esto, pero yo tengo las dudas de que eso efectivamente sea así, por la envergadura de lo que significa y los altos costos».
Por su parte, y en respuesta a la misma situación, el ministro de Seguridad Luis Cordero señaló en una entrevista al canal 24 horas “Lo que está sucediendo en torno a los establecimientos educacionales, no es puramente una cuestión de seguridad pública. Hay elementos, componentes muy significativos de convivencia escolar, y hay otros aspectos que tienen que ver con la forma y modo en que se están gestionando algunos conflictos al interior de la comunidad… incluyo en esto también a los apoderados”, señaló el secretario de Estado. Cordero dice que los establecimientos educacionales «no se pueden transformar en espacios policiales» y que “hay que ser muy cuidadosos en sustituir al inspector general por un vigilante o un guardia adentro del establecimiento”, “Con policías y fiscales este tipo de conflictos no se van a solucionar”, finalizó.
En paralelo, existe el caso del Instituto Superior de Comercio de Temuco (Insuco), multado por la institucionalidad del Estado con 56 UTM también en mayo pasado por instalar un pórtico de detección de metales. Mientras la Superintendencia de Educación y el Colegio de Profesores señalaron que este tipo de medidas son intrusivas y estigmatizantes, el centro de alumnos del establecimiento defendió su implementación como una herramienta que entrega mayor tranquilidad a la comunidad educativa.
Según lo señalado por el director regional de la Superintendencia de Educación de la Araucanía, Guillermo Vásquez, con fecha 6 de mayo de 2025, mediante un procedimiento administrativo, la Superintendencia de Educación determinó sancionar al sostenedor del Insuco de Temuco, porque luego de una fiscalización determinó que el pórtico «incumple la normativa educacional, que establece que este tipo de medidas altamente intrusivas vulneran los derechos de las y los estudiantes, como el derecho a la educación, a la dignidad y a la intimidad». Junto con señalar que estas acciones pueden generar estigmatización, menoscabo e incluso restringir el derecho de acceso y permanencia en el recinto educativo, el director regional del organismo enfatiza que «no existe información que establezca con certeza que medidas como la instalación de pórticos detectores de metales contribuyan a disminuir efectivamente los hechos de violencia». Por parte del Colegio de Profesores de la ciudad de Temuco, la reacción fue similar, un rechazo rotundo a esta medida. El gremio argumenta que la implementación de estos dispositivos de seguridad «vulnera la privacidad de los estudiantes». No obstante, desde la otra vereda, el presidente del Centro de Alumnos del establecimiento, Vicente Fonseca, admitió que «la aceptación de esta medida se ha visto en evidencia» en ese establecimiento, y que «No me han llegado comentarios diciendo que esta medida quizás pueda amedrentar de alguna forma, o vulnerar algún derecho de los estudiantes. Al contrario: deja tranquilos tanto a los alumnos como a los apoderados», aseveró el dirigente. Fonseca recalcó que el detector de metales se colocó «totalmente en apoyo de la seguridad de los alumnos».
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