Durante una reunión sostenida en Santiago con la contralora general de la República, Dorothy Pérez, el diputado René Alinco solicitó un pronunciamiento formal sobre la aplicación de la Asignación de Zona en la Región de Aysén. Según expuso, existe una discriminación estructural que afecta a los funcionarios públicos civiles, quienes reciben este beneficio solo sobre el sueldo base, a diferencia de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, que lo perciben sobre la totalidad de sus ingresos.
El parlamentario argumentó que esta diferencia de trato se mantiene desde 1974, pese a que las condiciones de aislamiento y alto costo de vida en Aysén continúan vigentes. “No puede ser que quienes cumplen funciones públicas en condiciones extremas sean discriminados según el uniforme que portan o el poder del órgano al que pertenecen”, señaló Alinco, quien instó a la Contraloría a revisar la legalidad y razonabilidad del criterio aplicado, en función del principio de igualdad ante la ley.
Además de solicitar la corrección de esta exclusión, Alinco expresó su respaldo al rol fiscalizador de la Contraloría General de la República, comprometiendo apoyo a iniciativas legales que fortalezcan su autonomía y atribuciones. “Chile necesita una Contraloría más fuerte, más moderna y más blindada frente a presiones políticas. En eso me van a encontrar disponible”, concluyó.









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