En la región de Aysén, el Consejo Regional (CORE) ha decidido abandonar la pasividad. En una reciente entrevista concedida al periodista Hugo Araya Leiva para el programa Conversaciones con el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, emitido por Radio45Sur, la consejera Andrea Ponce Olivares (UDI) desveló la nueva estrategia del organismo colegiado: un marcaje a los servicios públicos para asegurar que los recursos asignados se traduzcan en obras y no se pierdan en la burocracia estatal.
La semana pasada, la comisión de Presupuesto e Inversiones, de la cual Ponce forma parte, protagonizó una sesión extraordinaria que tuvo tintes de ultimátum. Se citó a diversos servicios que presentaban una ejecución financiera en «números rojos», una situación crítica considerando que el año fiscal entra en su recta final. «El solo hecho de haber citado a varios servicios públicos hizo que, en una semana, entre la citación y la comisión, avanzaran», señaló Ponce, evidenciando que la presión política está surtiendo efecto donde la gestión administrativa fallaba.
El fantasma de la subejecución y la sombra del pasado
El rigor actual contrasta, según la consejera, con la laxitud de la administración anterior. Ponce recordó que la Contraloría había observado que, en periodos pasados, la fiscalización de los recursos apenas alcanzaba el 1%, una cifra irrisoria que derivó en municipios con rendiciones de cuentas pendientes desde 2013. «La ley nos exige fiscalizar, y eso yo creo que no sucedía mucho en la administración anterior», sentenció la abogada.
Bajo el mandato del actual gobernador, Marcelo Santana, la región ostenta el sexto lugar nacional en ejecución presupuestaria, un logro que ha permitido atraer nuevos recursos desde la Subdere y Hacienda. Sin embargo, la batalla por el presupuesto 2025 se anticipa compleja, con recortes que amenazan partidas clave y que obligan a la región a justificar cada peso gastado con eficiencia.
La «caja chica» de los Ministerios
Uno de los puntos más álgidos de la conversación fue la crítica estructural al centralismo y a la dependencia de los ministerios sectoriales respecto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Ponce denunció una dinámica perversa: carteras como Salud, Obras Públicas o Transportes acuden recurrentemente al Gobierno Regional para financiar necesidades básicas que deberían cubrir con sus propios fondos sectoriales.
La exigencia del CORE es clara: mayor planificación. «Si un ministerio tiene temas, que vengan con todas las solicitudes y propuestas a nivel regional para que nos podamos organizar», exigió Ponce, abogando por el fin de la improvisación y los parches financieros de última hora.
Transversalidad política en la Patagonia
Pese a ser la presidenta regional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Ponce destacó el clima de «camaradería» y pragmatismo que impera en el Consejo, donde las barreras ideológicas parecen diluirse ante las urgencias geográficas. Desde la aprobación de la Corporación de Desarrollo hasta el impulso del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), las decisiones se han tomado con una transversalidad que escasea en la política nacional.
«Las grandes obras se entregan con trabajo», afirmó Ponce, aludiendo a un cambio de paradigma donde la infraestructura —desde postas rurales hasta caminos secundarios— se prioriza sobre la burocracia. A un año de la instalación de la nueva administración, el balance de la consejera es optimista pero vigilante: Aysén quiere volver a crecer, pero esta vez, con las cuentas claras y los servicios públicos rindiendo examen mes a mes.
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