Tras seis años de tramitación, el pasado 2 de abril entró en vigor la nueva Ley de Notarías (21.772), una reforma estructural que impactará directamente en los trámites cotidianos de los habitantes de la Región de Aysén. La normativa pone fin a los cargos vitalicios, fija un sistema de precios máximos y otorga al Sernac la facultad inédita de fiscalizar la calidad y los cobros de notarios, conservadores y archiveros.
Para un territorio marcado por la dispersión geográfica como la Patagonia, uno de los avances más significativos es la obligatoriedad de digitalizar los registros. Esto garantizará el acceso remoto y gratuito a múltiples documentos, mitigando las barreras de aislamiento al eliminar cerca de 12 gestiones que ya no requerirán de un trámite presencial.
El nuevo modelo operará bajo una doble vigilancia institucional. Mientras el Sernac velará por los derechos de los usuarios —pudiendo recibir reclamos, cursar multas e iniciar demandas colectivas—, la Fiscalía Judicial supervisará la probidad de los funcionarios, reportando cualquier abuso directamente a la Corte de Apelaciones respectiva.
La directora (s) del Sernac, Carolina González, destacó que la ley «pone foco en los méritos mediante el Sistema de Alta Dirección Pública y establece tarifas claras, facilitando la vida de las personas».
El Sernac ya ofició a todas las notarías del país, incluidas las de Aysén, para monitorear el cumplimiento de la ley. Los usuarios que detecten irregularidades o cobros abusivos ya pueden ingresar sus denuncias a través de www.sernac.cl o al 800 700 100.
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