La velocidad del crecimiento de las ciudades en Chile supera con creces la capacidad de respuesta de sus instrumentos de planificación. Esta es una de las principales conclusiones expuestas por el arquitecto Mario Anfruns en el programa Por Pavimentar, donde analizó el complejo panorama del desarrollo urbano y rural en la Región de Aysén.
En este sentido, Anfruns define la planificación territorial bajo una premisa elemental: el bienestar del habitar humano. Sin embargo, la realidad de la región muestra un desfase técnico importante. Coyhaique opera actualmente con un Plan Regulador Comunal (PRC) que data de 1997, mientras que el Plan Regulador Intercomunal Coyhaique-Aysén (PRICA) acumula entre 12 y 15 años de tramitación sin lograr su aprobación definitiva.
Este fenómeno no es aislado. Según datos expuestos en la entrevista, de las cerca de 350 comunas que componen el territorio nacional, aproximadamente 300 enfrentan una desactualización en sus planes reguladores.
El impacto de la falta de planificación en el día a día
La obsolescencia de las normativas vigentes incide directamente en la calidad de vida de los habitantes. Anfruns señala el caso de Puerto Varas como un espejo de lo que podría ocurrir en la Patagonia: una ola migratoria tras la pandemia que saturó los sistemas viales y eléctricos debido a la ausencia de una planificación que absorbiera dicha demanda.
En la Región de Aysén, la presión se evidencia en la periferia de las ciudades a través de las parcelaciones bajo el Decreto Ley 3516. Este marco normativo, diseñado originalmente para fines agrícolas, ha propiciado la creación de loteos habitacionales rústicos que carecen de la infraestructura básica y de servicios mínimos de urbanización.
Propuestas para destrabar el desarrollo local
Para abordar esta problemática, el especialista plantea alternativas concretas de gestión que apuntan, en primer lugar, a la flexibilización de la norma, evitando esperar décadas por reformas estructurales completas y optando por revisiones periódicas de puntos específicos en los planes reguladores. Asimismo, propone la ampliación de los usos de suelo rural para actualizar una legislación que hoy solo reconoce actividades agrícolas, ganaderas y forestales, incorporando reglas claras para proyectos de conservación, turismo y energías de matriz renovable.
Por otra parte, Anfruns sugiere una mayor intervención estatal frente a la burbuja inmobiliaria mediante la construcción de infraestructura en terrenos públicos en lugar de arrendar propiedades privadas a precios elevados, lo que distorsiona el mercado local. Finalmente, destaca la utilidad del Financiamiento Urbano Compartido (FUC) como una herramienta de asociación público-privada para dotar a la ciudad de equipamiento clave, tales como estacionamientos subterráneos o centros cívicos que mejoren la habitabilidad.
Infraestructura de alto impacto
La experiencia en otras comunas del país demuestra que las obras de gran escala actúan como catalizadores de cambio social. El Teatro del Lago en Frutillar o el Polideportivo en Puerto Aysén son ejemplos de cómo la infraestructura deportiva y cultural reconfigura la dinámica urbana.
Para Coyhaique, el debate actual se centra en proyectos de envergadura como la localización del nuevo hospital regional, la ampliación del aeropuerto y el desarrollo de polos comerciales. Según Anfruns Bustos, estas decisiones deben responder a criterios técnicos de planificación territorial y no a meros intercambios de propiedades, garantizando que el crecimiento de la ciudad se desplace hacia las zonas con capacidad real de soporte.








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