Promulgan Ley Integral de las Personas Mayores y fortalecen protección de sus derechos

Publicada en el Diario Oficial la Ley integral de las personas mayores y promoción del
envejecimiento digno, activo y saludable (21.822), la senadora Ximena Ordenes, destacó el hito
como un avance en materia de inclusión y de derechos fundamentales, enfrentando la discriminación, castigando los abusos económicos, abordando el abandono social e incorporando un tipo de contrato especial de trabajo para este segmento.

La iniciativa nación de la fusión de varios proyectos, contando con autoría tanto del Ejecutivo, como del Legislativo. “Esta es una ley de la cual soy coautora y que pone fin a los antiguos paradigmas de asistencialismo, reconociendo la autonomía de las personas mayores y estableciendo también obligaciones para el estado y las comunidades”, sostuvo la representante aysenina al anunciar su publicación como una gran noticia.

Junto con Ximena Ordenes, también se reconoce a los senadores Álvaro Elizalde, Carolina Goic, Francisco Chahuán y el exsenador por Aysén, David Sandoval, entre otros, dando cuenta de un interés transversal en la tramitación de la iniciativa legal. El texto final se logró luego de cinco años de una intensa discusión en el Congreso, siendo despachado a principios de enero de este 2026.

La senadora Ordenes señaló que este “es un cambio cultural y jurídico que permite avanzar contra la discriminación y los abusos económicos. Con esta ley se fortalecerá el Servicio Nacional de Adultos Mayores -Senama-, la participación ciudadana vinculante y un habrá fuerte castigo penal a los abusos económicos”.

Entre otros aspectos, destaca en la ley la rebaja del 50% en entradas para espectáculos masivos, la creación de Direcciones Regionales del Senama, la instauración de Concejos Asesores Regionales de Personas Mayores, de participación ciudadana vinculante, como también las nuevas facultades del Servicio, que se ve fortalecido al poder actuar como un ente fiscalizador. El organismo tendrá la atribución legal de denunciar abusos ante sedes administrativas y tribunales, con acciones judiciales o como parte querellante ante vulneraciones graves o de interés social.