La Contraloría Regional de Aysén determinó que la Municipalidad de Coyhaique deberá corregir una serie de irregularidades detectadas en el proceso de creación de la Corporación Municipal de Desarrollo Económico y Productivo, luego de acoger un requerimiento presentado por los concejales Ana Navarrete Arriaza (PS) y Sebastián Vera Ojeda (RN).
Mediante el Oficio N°114562, fechado el 16 de junio de 2026, el organismo fiscalizador concluyó que diversos actos administrativos relacionados con la constitución de la corporación no se ajustaron a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, instruyendo al municipio adoptar las medidas necesarias para corregirlos dentro de un plazo de 20 días hábiles e informar documentalmente las acciones implementadas. Asimismo, dispuso que el pronunciamiento fuera leído en sesión del Concejo Municipal.
Las observaciones de Contraloría
En su pronunciamiento, la Contraloría concluyó que el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en abril de 2025, mediante el cual se aprobó «iniciar el proceso de creación» de la corporación, no cumplió con las exigencias legales, ya que la normativa obliga al concejo a pronunciarse expresamente sobre la creación o participación del municipio en este tipo de entidades y no solamente sobre el inicio de un procedimiento.
El organismo también objetó los estatutos de la corporación, señalando que incorporaban la posibilidad de que personas naturales fueran socias de la entidad, situación que excede el marco establecido por el artículo 130 de la Ley N°18.695. Además, advirtió que los estatutos omitían identificar a los socios fundadores y a las demás personas jurídicas que conformarían la corporación.
Otra de las observaciones apunta a la integración del directorio. Contraloría sostuvo que no corresponde que el alcalde tenga la facultad de designar directamente a uno de sus integrantes, ya que esa atribución corresponde exclusivamente al Concejo Municipal.
Respecto de los recursos públicos, el órgano contralor dejó constancia de que la modificación presupuestaria destinada a transferir fondos a la corporación no se concretó, encontrándose pendiente un pronunciamiento jurídico, aunque tomó conocimiento del inicio de actividades y obtención del RUT de la entidad.
Reacciones de los concejales
Tras conocerse el contenido del oficio durante la última sesión del Concejo Municipal, este miércoles 24 de junio, la concejala Ana Navarrete afirmó que el pronunciamiento de Contraloría «es a todas luces el reflejo también de una inoperancia y una falta de rigor técnico que esta administración ha intentado normalizar», agregando que «hoy el ente contralor nos da la razón de manera rotunda frente a las denuncias que junto al concejal Vera tuvimos que levantar ante la evidente ilegalidad en la que se estaba incurriendo».
La edil sostuvo además que «se nos intentó pasar gato por liebre», señalando que el acuerdo sometido originalmente al Concejo pretendía transformarse en «un cheque en blanco, saltándose el artículo 130 de la Ley Orgánica de Municipalidades», situación que calificó como «un intento de usurpación de facultades exclusivas de este Concejo Municipal».
Por su parte, el concejal Sebastián Vera señaló que «este oficio demuestra de forma irrefutable que estábamos en lo correcto cuando nos opusimos tajantemente y rechazamos las modificaciones presupuestarias», agregando que, de no haberse actuado oportunamente, «hoy el municipio habría entregado fondos públicos a una entidad conformada al margen de la ley, con estatutos viciados y directores nombrados fuera de la norma».
El concejal también cuestionó el procedimiento administrativo seguido por el municipio, indicando que «avanzaron administrativamente sobre arenas movedizas, ignorando nuestras advertencias», y añadió que solicitará un informe de la Dirección de Control para verificar que no se hayan transferido recursos públicos a la corporación mientras no se corrijan las observaciones formuladas por Contraloría.
Respuesta de la administración municipal
Durante la misma sesión del Concejo Municipal, el administrador municipal, Américo Soto, respondió a las críticas formuladas por la concejala Navarrete, rechazando los calificativos dirigidos a la gestión administrativa. «Yo ocupo el cargo de administrador municipal y no acepto por ningún motivo que la señora concejala Navarrete se refiera en esos términos al trabajo que yo realizo. Porque yo soy parte de la administración y me siento, de una u otra manera, pasado a llevar», manifestó.
Asimismo, añadió que «no soy ni inoperante, ni soberbio, ni mala gestión (sic), ni ando despilfarrando los recursos, ni me considero un desastre», defendiendo el trabajo desarrollado por la administración municipal frente a los cuestionamientos expresados durante la sesión.
La Municipalidad de Coyhaique dispone ahora de un plazo de veinte días hábiles para adoptar las medidas correctivas ordenadas por la Contraloría Regional de Aysén e informar formalmente al organismo fiscalizador sobre las acciones implementadas para ajustar el proceso de creación de la Corporación Municipal de Desarrollo Económico y Productivo a la normativa vigente.
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