La Fiscalía de Aysén abre una nueva investigación contra el senador Calisto por presunto soborno a un exfiscal

El escenario procesal y político del senador por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto, ha sumado una nueva y compleja arista judicial. El fiscal regional, Hernán Libedinsky, ha abierto una investigación penal independiente contra el parlamentario por el presunto delito de soborno. La causa indaga supuestos pagos ilícitos dirigidos al entonces fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, con el fin de clausurar de forma irregular indagaciones previas que afectaban al legislador.

Este nuevo frente judicial se originó a partir de las declaraciones de Roland Cárcamo y Carla Graf, antiguos colaboradores del círculo estrecho de Calisto en la región, quienes están imputados en la causa por fraude reiterado al Fisco y para quienes se ha programado una revisión de medidas cautelares el próximo 2 de julio. Según antecedentes publicados por el medio Fast Check sobre la base de sus confesiones ante el Ministerio Público, tres asesores del parlamentario habrían entregado 14 millones de pesos en efectivo a Carlos Palma en 2024 para archivar dos causas penales, entre ellas la que hoy tiene a Calisto arriesgando una pena de 12 años de cárcel y bajo un trámite de desafuero.

De acuerdo con la información difundida por el citado medio de verificación, para justificar el origen de estos fondos y evitar sospechas, se habrían simulado asesorías a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud mediante un abogado vinculado a Palma. El caso sitúa nuevamente en el centro del debate el proceder del exfiscal de Aysén, quien dejó su cargo tras ser formalizado en octubre de 2025 por la presunta filtración de antecedentes reservados al abogado Luis Hermosilla. Con la apertura de esta causa, la Fiscalía regional iniciará peritajes específicos sobre las cartolas bancarias del senador y su entorno en la Patagonia.

Desde la defensa del parlamentario descartan tajantemente la veracidad de las acusaciones. El abogado César Ramos sostuvo a La Tercera que las declaraciones de Cárcamo forman parte de una estrategia para obtener beneficios procesales y abandonar la prisión preventiva. Ramos criticó el proceder de la Fiscalía, argumentando que la defensa conoció estos testimonios una vez cerrada la investigación principal, lo que les impidió solicitar diligencias destinadas a refutar las versiones de los coimputados. Asimismo, el jurista indicó que no han podido acceder a los detalles del nuevo expediente debido a limitaciones en el sistema del Ministerio Público.

Este nuevo episodio profundiza la incertidumbre política en la Región de Aysén, donde Miguel Ángel Calisto ha sido una figura de amplia trayectoria desde sus años como Director Regional de Junaeb, Consejero Regional y Diputado DC. La apertura de esta causa no solo tensiona su continuidad en la Cámara Alta, sino que pone a prueba la solidez de las instituciones judiciales en un territorio que observa con atención la resolución de uno de los casos de presunta corrupción pública más significativos de su historia reciente.

Este artículo describe un proceso judicial en curso y tal como establece el artículo 4 del Código Procesal Penal de Chile, es necesario ponderar la presunción de inocencia hasta que la justicia demuestre o no lo contrario, mediante una condena con sentencia firme.