El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto por el senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto, reactivando la causa penal que la Fiscalía Regional tramita en su contra por presunto fraude al Fisco. Con este fallo dividido, el Juzgado de Garantía de Coyhaique alzó la suspensión del procedimiento judicial, permitiendo al fiscal regional Hernán Libedinsky retomar las diligencias pendientes destinadas a esclarecer el presunto desvío de asignaciones fiscales para asesorías parlamentarias.
La Primera Sala del tribunal resolvió por tres votos a dos que el líbelo no planteaba un conflicto de constitucionalidad real, desestimando la acción con que el parlamentario buscaba frenar el curso de la causa. El Ministerio Público sostiene que Calisto, durante su época como diputado, habría simulado la contratación de su exasesora Carla Graf por servicios que nunca se ejecutaron, funcionando como un mecanismo financiero cuyos dineros regresaban a sus cuentas. Por estos hechos, el persecutor ya había solicitado penas superiores a 12 años de presidio y su desafuero.
Tras la resolución del juez Mario Devaud que puso fin a la paralización, la fiscalía prevé concluir las indagatorias para volver a presentar acusación y litigar el desafuero ante la Corte de Apelaciones. El senador encarará esta etapa con una nueva defensa encabezada por el abogado Nelson Salas Stevens, tras la salida de Jorge Bofill y César Ramos. El destrabe judicial cobra especial resonancia entre los habitantes de Aysén, que demandan estándares rigurosos de probidad y transparencia en el ejercicio de sus representantes en el Congreso.








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