La defensa del senador Calisto despliega su estrategia judicial ante la nueva investigación penal por el caso Junaeb

La defensa del senador por Aysén, Miguel Ángel Calisto, activó una ofensiva procesal para delimitar el alcance de la nueva causa penal que enfrenta por presunto cohecho, fraude al Fisco y lavado de activos vinculada a la Junaeb. Tras la incautación de su teléfono y computador por parte de la Brigada Anticorrupción de la PDI, el abogado penalista Nelson Salas Stevens solicitó formalmente al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago copia íntegra de la orden de entrada y registro solicitada por la fiscal Constanza Encina, argumentando una eventual afectación de garantías fundamentales del parlamentario.

El camino procesal de la defensa buscará fijar en los próximos días una audiencia de cautela de garantías con el propósito de restringir la revisión pericial de los dispositivos electrónicos incautados. La estrategia apunta a que el Ministerio Público solo pueda extraer información estrictamente vinculada a las irregularidades investigadas en la empresa de alimentos escolares Soser S.A., resguardando las comunicaciones de carácter legislativo y privado. La causa indaga un complejo esquema de sobredeclaración de raciones, falsificación documental y distribución de comida no apta en colegios, en un entramado donde la fiscalía pesquisa presuntos pagos indebidos.

Este nuevo frente judicial se suma al complejo trance que Calisto sostiene en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, donde la fiscalía solicita 12 años de presidio por fraude al Fisco. La arista Junaeb añade una presión inédita sobre su escaño, especialmente tras revelarse (en el sitio de noticias FastCheck) nexos entre el gerente de Soser y la fundación Proyecto Futuro, ligada a su círculo político en la zona donde fue director regional del servicio entre 2016 y 2017. El doble asedio en los tribunales vuelve a generar un alto escrutinio ciudadano en Aysén sobre la acción que pudiera efectivamente concretar el parlamentario en favor de esta zona extrema ante un eventual desafuero y pérdida del poder político otorgado en las últimas elecciones senatoriales.