La Justicia decreta prisión preventiva para ocho líderes de una red de tráfico de drogas investigada desde Aysén

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decreció este miércoles la prisión preventiva para ocho integrantes de una organización criminal, tras una investigación de dos años liderada por la Fiscalía Regional de Aysén que permitió desmantelar un sistema de venta masiva de cannabis que operaba en nueve regiones de Chile bajo la apariencia de un negocio de atención de salud.

Desde Coyhaique, el fiscal regional Hernán Libedinsky y un equipo especializado del OS7 de Carabineros coordinaron las pesquisas de una causa que la Fiscalía Nacional les asignó de forma directa por su complejidad. El trabajo culminó con la detención de 72 personas en un despliegue que involucró a más de 500 funcionarios policiales en distintos puntos del país.

La investigación determinó que la organización utilizaba la sociedad MA Botanics para cultivar las plantas, valiéndose de un permiso sanitario otorgado en la Región del Maule para fines terapéuticos. Sin embargo, los imputados alteraron voluntariamente el proceso de producción para obtener flores con un elevado porcentaje de THC —el principal componente psicoactivo de la planta—, cuyo uso no estaba permitido por la resolución administrativa y generaba riesgos directos para la salud de los compradores.

El grupo comercializaba la sustancia a través de la firma DN Medcorp SpA y de locales abiertos al público en diversas ciudades. Para acceder a los productos, la red exigía a las personas inscribirse en una supuesta entidad benéfica llamada Corporación de Usuarios Medicinales de Cannabis Dispensario Nacional. Si los clientes no tenían una orden médica, la propia organización los contactaba con profesionales de la salud que emitían prescripciones con diagnósticos genéricos en pocos minutos.

Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia de la capital, las fiscales ayseninas María Inés Núñez y Natalia Cumming presentaron las pruebas que permitieron al magistrado Nicolás Flores decretar la privación de libertad de los ocho principales involucrados. El tribunal consideró acreditados los delitos de tráfico ilícito de drogas, cultivo no autorizado y asociación ilícita, aunque desestimó de forma preliminar el cargo de lavado de activos.

Respecto a otros 14 imputados que quedaron con medidas cautelares de arresto domiciliario y arraigo nacional, la Fiscalía de Aysén presentó una apelación en la misma audiencia para que la Corte de Apelaciones de Santiago revise la resolución y ordene también su ingreso a prisión. El tribunal fijó un plazo de 120 días para que los peritos de la policía analicen las especies incautadas y se tome declaración a los involucrados.