El Consejo para la Transparencia (CPLT) posicionó al Gobierno Regional de Aysén, liderado por Marcelo Santana, en el segundo lugar nacional de su fiscalización de transparencia activa 2026, tras constatar un índice de cumplimiento del 99,9%, un resultado que ratifica el apego institucional a la publicidad de los actos públicos y fortalece el derecho ciudadano a fiscalizar el uso de los recursos fiscales en el territorio austral.
El informe evaluó a los 16 gobiernos regionales del país entre febrero y marzo, situando a Aysén solo por debajo del Biobío (100%) y por delante de O’Higgins (99,6%), en un contexto general donde el promedio nacional promedió un 92,2%. El reporte resalta además la regularidad de la administración aysenina, consolidándose dentro del selecto grupo de cuatro regiones que han mantenido niveles superiores al 90% de forma consecutiva durante los últimos tres periodos (94,4% en 2024; 91,5% en 2025 y 99,9% en 2026).
Para las comunidades de la Patagonia, donde el aislamiento exige una gestión pulcra y cercana para disipar cualquier sombra de desconfianza, los resultados reflejan un apego irrestricto en compras públicas, contrataciones y ejecución presupuestaria. El único reparo detectado en la ficha técnica fue un problema de operatividad de enlaces en el apartado de personas a honorarios. En materia de transparencia presupuestaria especial, el GORE Aysén acreditó sus licitaciones y transferencias mayores a 2.000 UTM, restando únicamente transparentar los recursos del Royalty Minero, desafío pendiente para 14 regiones del país.








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