Sence reubicó a funcionaria frente a su acosadora: Corte de Coyhaique ratifica falta de servicio pero rebaja indemnización a $5 millones

La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la responsabilidad del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) en las secuelas psíquicas sufridas por la funcionaria Valeska Valenzuela, tras acreditarse un cuadro prolongado de hostigamiento laboral en la dirección regional de calle Condell 141. Sin embargo, el tribunal de alzada resolvió de oficio recortar la indemnización fijada en primera instancia, reduciéndola de $20 millones a solo $5 millones, lo que motivó a su defensa a recurrir de queja ante la Corte.

De acuerdo con los antecedentes del expediente, en abril de 2022 la Mutual de Seguridad calificó el cuadro de Valenzuela —un trastorno adaptativo— como enfermedad profesional atribuida a la jefatura directa, exigiendo su reubicación inmediata para mitigar el riesgo. Como respuesta, la dirección regional trasladó su escritorio a la unidad de Administración y Finanzas, posicionándola justo enfrente del puesto de la persona denunciada, situación que se extendió durante meses.

El conflicto se originó tras el traslado de Valenzuela desde Santiago a Coyhaique a fines de 2017, y se agudizó en 2020 a raíz del arribo de su cónyuge a la misma repartición, derivando en aislamiento laboral y cuestionamientos a su vida privada. En 2023, tras volver de una comisión de servicio en ChileValora, la jefatura abrió un sumario en su contra acusándola de “hacer caras” y desmentir a sus superiores, proceso que concluyó con una sanción de censura contra la trabajadora.

Durante el juicio, familiares de la afectada detallaron el deterioro de su salud: insomnio severo, alopecia, crisis de angustia y un cuadro metabólico agravado por el uso de psicofármacos. La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) ratificó en octubre de 2024 el origen laboral de las recaídas.

Aunque el fallo redactado por el ministro Luis Moisés Aedo determinó que el Sence infringió el artículo 184 del Código del Trabajo por actuar con “desidia” y de forma tardía, los ministros consideraron que el Juzgado de Letras incurrió en un “salto argumental” al fijar el monto de $20 millones. La sala catalogó las secuelas como de “intensidad media” y valoró que la funcionaria mantuviera su empleo para justificar la rebaja a $5 millones.

Frente a esta resolución, los abogados de Valenzuela recurrieron nuevamente a la justicia mediante un recurso de queja contra los ministros de la corte aysenina, argumentando que el fallo minimiza arbitrariamente el daño causado por un organismo del Estado.