Alza de los pasajes aéreos desde Balmaceda lleva al Senado el reclamo por tarifas especiales para los habitantes de Aysén

La senadora por la Región de Aysén, Ximena Órdenes, solicitó formalmente esta semana una sesión especial en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, mediante un oficio que pide citar al Gobierno, a los organismos reguladores y a las aerolíneas que operan en el aeródromo de Balmaceda, debido al alza sostenida en los precios de los pasajes aéreos y a la necesidad de establecer subsidios o tarifas rebajadas para los residentes de esta zona aislada.

Para los habitantes de la región, que carecen de conexión terrestre continua por territorio chileno con el resto del país, el transporte aéreo resulta indispensable para asistir a tratamientos médicos de alta complejidad, resolver emergencias de salud o cursar estudios superiores. Según una revisión de precios para vuelos comprados con una semana de anticipación desde Balmaceda, el boleto más económico sin derecho a equipaje cuesta desde 209.000 pesos hacia Puerto Montt, 320.000 pesos a Santiago, 334.000 pesos a Punta Arenas y 655.000 pesos hacia Arica.

“Para las familias de Aysén el avión no es un lujo ni una alternativa opcional, es la única vía real de conectividad con el resto de Chile. No es tolerable que un pasaje ida y vuelta en tarifa básica esté sobre los 320.000 pesos; si esto lo realiza una familia de tres personas, bordea el millón de pesos, una cifra inalcanzable”, señaló la parlamentaria, advirtiendo que el cobro afecta especialmente a los pacientes que deben viajar sin planificación previa.

Con el fin de aclarar cómo se fijan los precios bajo la ley de libertad tarifaria vigente desde 1979 y estudiar rebajas para los pobladores locales, la solicitud pide convocar al ministro de Transportes, a la Junta de Aeronáutica Civil, a la Dirección General de Aeronáutica Civil, al Servicio Nacional del Consumidor, a la Fiscalía Nacional Económica y al Gobierno Regional de Aysén, además de las empresas Latam, Sky, JetSmart y Aerovías DAP.

En el documento, la legisladora propuso evaluar sistemas que ya funcionan en otros países para territorios apartados, como los descuentos del 50% para residentes en Escocia, el subsidio del 75% en las islas Canarias y Baleares en España, o los fondos estatales para rutas aisladas en Estados Unidos y la Unión Europea.