Dirigentes de los partidos de oposición en la Región de Aysén exigieron esta semana en Coyhaique la renuncia inmediata del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y respaldaron la acusación constitucional en su contra tras la aprobación de decretos que rebajaron condenas a abusadores sexuales de menores y condenados por delitos de lesa humanidad en el país. Aunque en las cárceles ayseninas ningún reo por delitos sexuales contra niños o adolescentes recibió este beneficio, los representantes políticos pidieron cambios en el gabinete regional y emplazaron a la seremi de Justicia local, Andrea Ponce, a pronunciarse sobre el daño causado a las familias de las víctimas.
El presidente regional de la Democracia Cristiana, Patricio Aylwin, afirmó que estas resoluciones desatienden la obligación del Estado de proteger a la infancia. “Exigimos al Gobierno que pida de forma inmediata la renuncia del ministro de Justicia. Esta remoción constituye la única señal para restaurar en parte la dignidad de las víctimas que han sido revictimizadas”, declaró el dirigente.
Desde la provincia General Carrera, la concejala del Frente Amplio en Chile Chico, Gloria Becerra, cuestionó que el Ejecutivo mantenga al secretario de Estado en su puesto tras la reciente salida del subsecretario de la cartera. “Estamos hablando de niños y niñas a los que se les ha destruido la vida y de familias completas en abandono. ¿Qué pesa más, un video en redes sociales o liberar a pedófilos y violadores?”, planteó la edil.
Por su parte, el presidente regional del Partido Comunista, Pablo Reyes, apuntó al silencio de las autoridades locales de Gobierno frente al caso. “No basta con decir que acá en la región no se liberaron violadores ni abusadores sexuales de niños, porque este error del presidente José Antonio Kast y del ministro Rabat daña a familias de distintas zonas del país. La seremi debe aclarar cuáles van a ser las medidas de reparación”, sostuvo.
Finalmente, los representantes opositores solicitaron una reestructuración del gabinete que incluya la salida de autoridades en la Región de Aysén. A juicio de los dirigentes, la rebaja de penas se suma a los nombramientos fallidos de autoridades locales que duraron menos de una semana en sus cargos, a la renuncia de la vocera de Gobierno antes de cumplir 70 días y al alza del desempleo, factores que afectan directamente a los hogares del territorio.








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