El Plan Regulador Intercomunal de Coyhaique y Aysén (Prica) entró en vigencia este viernes 6 de noviembre tras su publicación en el Diario Oficial, luego de ser aprobado en agosto por el Gobierno Regional y su Consejo y recibir la visación de la Contraloría en octubre. El instrumento, cuya primera consultoría de diseño comenzó en 2004, fija los nuevos límites de crecimiento de once localidades de ambas comunas para ordenar dónde se pueden construir viviendas, instalar industrias, extender redes de servicios básicos y proteger zonas de riesgo natural.
En las últimas dos décadas, el aumento de habitantes y la venta de parcelas en torno a Coyhaique y Puerto Aysén provocaron que varios poblados crecieran sin una norma que regulara el uso del suelo. Con la entrada en vigor del documento, se amplían las áreas de extensión urbana de siete sectores de la comuna de Coyhaique (la capital regional, Villa Ñirehuao, Villa Ortega, Baguales, Valle Simpson, El Blanco y Balmaceda) y de cuatro de la comuna de Aysén (Puerto Aysén, Puerto Chacabuco–El Salto, Villa Los Torreones y Villa Mañihuales).
El gobernador regional, Marcelo Santana, destacó el impacto directo de esta regulación para las familias que habitan los valles y sectores intermedios entre ambas ciudades: “Desde hoy ya está publicado en el Diario Oficial este instrumento vital para la planificación urbana y rural, pues define los nuevos límites de distintas localidades y de las ciudades de ambas comunas”.
La arquitecta de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional, Carmen Paz Morales, explicó que la medida cambia la condición legal de varios caseríos que hasta ayer eran considerados rurales y carecían de regulación propia. “Muchas localidades pasan a tener zonas urbanas, por lo que se les aplican las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con reglas claras sobre subdivisión mínima de terrenos, densidad de población y uso de suelo. Esto da certeza a la inversión y, principalmente, a quienes viven hoy en esas localidades”, precisó la profesional que participó en la tramitación iniciada en 2014.
Además de facilitar la futura llegada de proyectos habitacionales y de alcantarillado o agua potable a estos once poblados, el plan establece áreas restringidas por riesgos de inundación o derrumbes y resguarda los humedales y cursos de agua del territorio intercomunal.








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