Benjamín Infante aboga por obras energéticas concretas y planificación estatal para revertir la contracción económica en Aysén

El consejero regional por la provincia de Coyhaique, Benjamín Infante, planteó recientemente en Radio 45 Sur, durante una nueva emisión del programa Conversaciones con el Gobierno Regional de Aysén y su Consejo, la urgencia de reorientar el gasto público hacia una estrategia de desarrollo planificada y de ejecutar infraestructura energética real, con el objetivo de frenar el decrecimiento económico del 7,4 % que registra la región y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes frente a los recortes presupuestarios proyectados para 2027.

Para Infante, el principal obstáculo que enfrenta el territorio para atraer inversión pública y privada es el valor de la electricidad, el cual encarece entre un 30 % y un 70 % cualquier iniciativa productiva en la zona. El consejero explicó que abordar este problema es indispensable no solo para reactivar la economía, sino también para enfrentar la crisis de salud pública derivada de la contaminación atmosférica en las ciudades de la región y terminar con la dependencia del diésel en los nueve sistemas aislados y cuatro sistemas medianos de localidades como Tortel o Melinka.

En esa línea, si bien valoró los acuerdos de colaboración científica —como el suscrito con la Fundación Fraunhofer, el cual sugirió extender a la Universidad de Aysén y al CIEP para instalar capacidades locales—, enfatizó que la urgencia actual no radica únicamente en financiar estudios preinversionales, sino en construir infraestructura. «Aquí nosotros necesitamos obras, necesitamos construcciones de soluciones energéticas y no solamente estudios», afirmó Infante, quien detalló las gestiones realizadas tras su viaje a Asia para acercar a empresas ejecutoras como PowerChina, con el fin de introducir competencia en un mercado eléctrico regional que hoy depende de un único proveedor privado.

Retribución ambiental tras el Rally Mobil

Uno de los puntos centrales de la conversación, conducida por el periodista Jorge Inzulza, fue la evaluación de los 500 millones de pesos aportados por el Gobierno Regional (GORE), a través de Sernatur, para la realización del Copec Rally Mobil. Aunque las cifras preliminares de estadística descriptiva de la edición 2025 estiman un retorno de 1.250 millones de pesos para la región, Infante puntualizó que es necesario esperar los informes técnicos del sistema estadístico Cietur para despejar el impacto real del evento deportivo, dado que el año pasado coincidió con el aniversario de Coyhaique y la actividad Flor de Fiesta.

Más allá de los números turísticos, el consejero destacó que desde el Consejo Regional se exigió una retribución social y ambiental a los organizadores privados frente al déficit de bodegas públicas para el manejo de desechos tóxicos en el territorio. Gracias a una mesa de trabajo con la empresa Vía Limpia —asociada al consorcio Copec y que opera plantas en sectores como camino a Teniente Vidal—, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre se llevará a cabo la primera campaña regional de reciclaje de aceite lubricante de motor.

La iniciativa busca recolectar 30.000 litros de este residuo peligroso —evitando que termine en ríos o suelos, donde un solo litro puede contaminar un millón de litros de agua— y cuenta con la participación de establecimientos con especialidad de mecánica, como el Liceo Ricardo Navarrete (ex Escuela 35) de Coyhaique. El objetivo es repetir este operativo cuatro veces durante el próximo año e instalar competencias permanentes en los municipios bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP).

Deportistas locales, servicios básicos y presupuesto

El escenario financiero para el próximo año presenta complejidades. Infante advirtió que para 2027 se anuncia una disminución real del 7 % en el presupuesto regional, sumado a recortes cercanos a los 7.000 millones de pesos en partidas específicas como el Programa Especial de Zonas Extremas (PEDZE), el Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional (FAR) y el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), lo que dejará el marco presupuestario en torno a los 79.000 u 80.000 millones de pesos. A esto se suma un contexto nacional de recortes de programas sectoriales que empuja a diversas organizaciones sociales, educativas y de clubes de rodeo o cueca a buscar financiamiento en el GORE mediante asignaciones directas.

Al respecto, el consejero ejemplificó las limitaciones de operar bajo la lógica de recursos extraordinarios caso a caso con la situación del joven boxeador coyhaiquino de 14 años Ángel “Promesa” Alarcón. Pese a obtener el tercer lugar mundial en México gracias a una asignación directa del Gobierno Regional, al regresar a Coyhaique el deportista se encontró con un club sin las condiciones suficientes —a veces incluso sin guantes para entrenar—, debiendo trasladarse a Santiago y costear por cuenta propia junto a su padre, Luis, su participación en el reciente Sudamericano en Bolivia. Infante sostuvo que casos como el de Alarcón, Roberto Gallardo o Ariel Torres demuestran la necesidad de crear un programa regional permanente de apoyo a deportistas destacados, con criterios claros que no dependan de gestiones aisladas.

Del mismo modo, al abordar inversiones de alto impacto en infraestructura —como la recuperación del balneario Tejas Verdes en Coyhaique, la electrificación rural en el sector La Zaranda o los 12.000 millones de pesos destinados a la planta de tratamiento de aguas servidas en Lago Verde, donde el 18 % de las familias aún utiliza pozos negros—, Infante cuestionó la sostenibilidad posterior de las obras. Recordó que delegar la administración de sistemas complejos a comités comunitarios sin soporte técnico suficiente ya ha derivado en problemas graves en localidades como Raúl Marín Balmaceda o el derrame de 7.000 litros de diésel ocurrido anteriormente en Tortel.

Como solución pragmática ante la falta de interés del sector privado en zonas aisladas y las fallas registradas en el sistema regional, el consejero propuso evaluar la creación de una empresa pública o mixta de servicios básicos en la región. Según concluyó, dado que el Estado es el principal empleador y el segundo generador de riqueza en Aysén después de la acuicultura y la pesca, asumir un rol de “Estado emprendedor” permitiría asegurar el funcionamiento de servicios sanitarios y eléctricos rurales, al mismo tiempo que generaría ingresos permanentes para la región.