La Contraloría General de la República remitió antecedentes al Ministerio Público tras detectar inconsistencias en una declaración jurada vinculada a la compra de terrenos en el sector del lago Lonconao, caso que involucra a ciudadanos argentinos, situación no permitida por la legislación chilena.
El lago Lonconao se encuentra en la comuna de Futaleufú, en la Provincia de Palena, Región de Los Lagos, muy cerca del límite con Argentina. El sector está emplazado aproximadamente a 10 kilómetros al sur del pueblo de Futaleufú, en una zona cordillerana considerada estratégica por su condición fronteriza. Geográficamente, se ubica inmediatamente al norte de la Región de Aysén, a una distancia terrestre aproximada de algo más 410 kilómetros de Coyhaique.
Según publicó el medio ExAnte🔗 en una nota firmada por Juan Pablo Sallaberry, la investigación de Contraloría se originó luego de denuncias realizadas por vecinos y consultas impulsadas por el diputado Sebastián Videla. El organismo fiscalizador estableció que el abogado Gustavo Ortiz Ramírez declaró bajo juramento, en representación de la sociedad Inversiones Rumbo Sur SpA, que el capital y control efectivo de la empresa no pertenecían a ciudadanos de países limítrofes, situación que posteriormente fue descartada tras consultas a organismos públicos.
De acuerdo con el dictamen citado por ExAnte, la sociedad está integrada por Jorge Luis Becerra y María del Carmen Taschetti Mayol, ambos con nacionalidad argentina, quienes suman un 32% de participación, porcentaje inferior al 40% que la legislación considera como umbral para restringir adquisiciones de extranjeros en zonas fronterizas. Además, participan hijas del matrimonio con nacionalidad española y estadounidense. Contraloría concluyó que, por composición societaria, la propiedad se encontraría ajustada a la normativa vigente, aunque advirtió que la declaración presentada contenía información falsa, razón por la cual remitió los antecedentes a Fiscalía.
El mismo dictamen también fue enviado a los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y Bienes Nacionales, además de la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, ante el “eventual riesgo” de que ciudadanos de países limítrofes omitan informar nacionalidades que activen restricciones legales.
Controversia entre vecinos y propietarios
El conflicto fue abordado además por el medio En Estrado 🔗, en un reportaje de Claudio Fariña K., donde se expone que la controversia en torno a Rumbo Sur mezcla acusaciones sobre soberanía, disputas vecinales y conflictos por deslindes y uso de caminos privados.
Según dicha publicación, el empresario Antonio Carracedo, con actividades principalmente en la región de Antofagasta, ligado al negocio del reciclaje industrial mediante la empresa Recimat, además de otros emprendimientos turísticos y sociedades vinculadas al sector del lago Lonconao por medio de Inversiones Talavera Ltda; y la Junta de Vecinos de Lonconao, sostienen que existiría una simulación para ocultar la nacionalidad argentina de parte de los socios de la empresa y así evitar las restricciones legales. En contraste, la defensa de Rumbo Sur, representada por los abogados Gustavo Ortiz y Jaime Barrientos, afirma que la adquisición se ajustó plenamente a la ley chilena y que no existe infracción porque la participación argentina no supera el límite legal establecido.
En Estrado también detalla que el conflicto se remonta al año 2016, cuando se presentaron acciones judiciales y denuncias ante el Ministerio Público. Sin embargo, posteriormente Inversiones Talavera e Inversiones Rumbo Sur alcanzaron un acuerdo de subdivisión del terreno, mientras que la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación por falta de antecedentes suficientes.
En medio de esta controversia, el reportaje de En Estrado también pone atención en el rol del diputado liberal Sebastián Videla, parlamentario por la Región de Antofagasta que impulsó oficios a Contraloría solicitando revisar la legalidad de la compra de terrenos en Futaleufú. El medio plantea como un elemento llamativo que el legislador se involucrara en un conflicto ubicado a más de 3 mil kilómetros de su distrito, consignando además testimonios locales que apuntan a una eventual cercanía con el empresario Antonio Carracedo, uno de los principales impulsores de las denuncias públicas contra Rumbo Sur. En una entrevista realizada por el periodista Claudio Fariña, Videla sostuvo que su interés radica en la protección de las zonas fronterizas y en la necesidad de que las autoridades esclarezcan si existieron irregularidades en la adquisición de los predios.
Reportaje televisivo
La situación también fue expuesta por Canal 13🔗 en un reportaje titulado “El engaño de dos argentinos para comprar terrenos fronterizos en Chile pese a prohibición legal”, donde se abordó la denuncia respecto a la compra de más de 200 hectáreas en el sector del lago Lonconao.
En dicho trabajo periodístico se menciona que ciudadanos argentinos habrían utilizado otras nacionalidades para participar en la sociedad Rumbo Sur y adquirir terrenos en una comuna considerada completamente fronteriza. Además, el reportaje incluye opiniones de especialistas en seguridad y derecho internacional respecto a las restricciones existentes para ciudadanos de países limítrofes.
La defensa de los propietarios rechazó las acusaciones y aseguró que la compra fue realizada de buena fe, señalando que no existió intención de vulnerar la normativa chilena.
* Imagen del sitio de Facebook «The Lake House Futaleufu»
Subscribace a nuestro canal
©Radio45sur - Todos los derechos reservados