Una persona que trabajó toda su vida, que está a pocos años de jubilarse y que descubre que perdió más de $2 millones de sus ahorros previsionales. Esa es la preocupación que hoy afecta a miles de familias de Aysén, donde más de 13.500 afiliados tienen sus ahorros en los fondos D y E, los más golpeados por las recientes caídas.
La cifra equivale a más de 13 mil personas de la región que podrían verse afectadas por esta situación. De ellas, aproximadamente 9.100 están en el Fondo D y otras 4.400 en el Fondo E, alternativas que concentran a muchas personas que se encuentran en etapas cercanas a su jubilación.
“En Aysén estamos hablando de más de 13.500 personas. Detrás de cada una hay una familia, años de trabajo y la expectativa de tener una jubilación tranquila. Si una persona tenía $20 millones ahorrados y perdió $2.100.000, estamos hablando de dinero que puede hacer una diferencia importante en su pensión”, advirtió la diputada Andrea Macías.
La parlamentaria cuestionó las decisiones de las administradoras de fondos de pensiones y señaló que existían antecedentes desde 2025 que advertían sobre la posibilidad de una caída, situación que también habría sido ratificada por distintas instituciones a comienzos de 2026.
“Si las AFP tenían información sobre este riesgo, tenemos que saber qué hicieron y por qué tomaron esas decisiones. Lo que no puede ocurrir es que, una vez más, las personas asuman las pérdidas sin que nadie entregue explicaciones”, sostuvo.
Macías también apuntó a la diferencia entre las pérdidas que pueden enfrentar los afiliados y los resultados de las administradoras. Citando un informe de Fundación SOL, indicó que las AFP habrían registrado ganancias superiores a los $377 mil millones a junio de 2026.
Ante esta situación, la diputada anunció que oficiará a la Superintendencia de Pensiones para conocer cuántas personas de Aysén fueron efectivamente afectadas, cuánto perdieron sus ahorros y qué antecedentes manejaban las administradoras antes de que se produjeran las caídas.
Asimismo, informó que está evaluando otras acciones para esclarecer eventuales responsabilidades y analizar alternativas de acción judicial que permitan abordar el problema desde la realidad territorial de la región.
“Necesitamos respuestas concretas para las familias de Aysén. No estamos hablando de cifras en un informe: estamos hablando de los ahorros de toda una vida y de personas que pueden estar próximas a jubilarse. Por eso vamos a fiscalizar y evaluar todas las acciones que correspondan”, concluyó.








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