Diputado Calisto recurre a Contraloría por incumplimiento de contrato de empresa que presta servicios a Junaeb.

Como lamentable calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la situación que afecta a las niñas y niños de nuestra región que son usuarios del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb, quienes no reciben una ración adecuada por parte de la empresa ganadora de la licitación, “Hendaya”, motivo por el cual envió un oficio a Contraloría pidiendo que se investigue un posible incumplimiento de contrato.

Esta situación fue denunciada por la directora de la Escuela de Valle Simpson, Paz Foitzich, como también por las Manipuladoras de Alimento, quienes acusaron que la empresa ganadora de la licitación, Hendaya, no estaba entregando la comida necesaria para cumplir con las raciones para las niñas y niños que son usuarios del programa.

Según el legislador “la situación que está afectando a nuestros niños y niñas es lamentable, porque no puede ser que una empresa que recibió cerca de 70 mil millones de pesos por la licitación no entregue las raciones suficientes para todos los alumnos, lo que ha generado que las manipuladoras tengan que ingeniárselas para poder cocinar”.

“A pesar del esfuerzo que realizan las manipuladoras, claramente no se está cumpliendo con los requerimientos nutricionales para los niños, porque la empresa no está entregando la comida suficiente. A esto hay que sumarle que han entregado productos que están en mal estado, lo que agrava el problema”, indicó el legislador.

El diputado señaló que “esto me parece prácticamente una estafa. Por estos motivos, presenté un oficio a Contraloría para que se inicie una investigación y se determine si la empresa está o no cumpliendo el contrato.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “hace un tiempo que los procesos licitatorios de Junaeb han estado envueltos en un halo de irregularidades. En la última licitación, que no incluyó a la región de Aysén, una sola empresa se adjudicó cerca del 90% de los servicios ya que postularon mediante el multirut, es decir con distintas empresas más pequeñas que eran de su propiedad, pero que tenían un RUT distinto. Estamos analizando las opciones legislativas para poder prohibir este tipo de prácticas”.