Trabajo entre Agrupación Microtráfico Cero de la PDI y Fiscalía de Aysén permitió la aprehensión de tres personas en Villa Mañihuales.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial en coordinación con la Fiscalía Local de Aysén, se originó a través de distintas diligencias investigativas y la utilización de diversas técnicas contempladas en la Ley 20.000. Al respecto, el jefe de la Brigada de Investigación Criminal Aysén, subprefecto Eduardo Charpentier, señaló que “detectives de la Agrupación Microtráfico Cero, dependiente de la Prefectura Provincial Aysén, en virtud a una orden de investigar por infracción a la Ley 20.000, procedieron en la localidad de Villa Mañihuales a la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, todos mayores de edad y uno de ellos con antecedentes policiales, por su responsabilidad en la infracción al artículo 4º de la Ley 20.000”.

Durante la diligencia, “se incautó la cantidad de 32,46 gramos de cannabis sativa, así como también plantas del mismo alucinógeno en proceso de crecimiento, elementos de pesaje y dosificación, como también un vehículo que era utilizado en la comercialización y venta de esta sustancia ilícita”, sostuvo el subprefecto Eduardo Charpentier.

Este procedimiento logró sacar de circulación alrededor de 100 dosis de esta sustancia ilícita, droga avaluada en cerca de 500 mil pesos.

Sobre el modo de operar, desde la BICRIM Aysén indicaron que los imputados realizaban la venta y distribución de cannabis sativa, trasladándose en el vehículo antes mencionado. Las personas detenidas fueron puestas a disposición del Tribunal de Puerto Aysén para su control de detención y formalización.

Por su parte, el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Aysén, Pedro Poblete, indicó que los tres imputados fueron formalizados y en específico el blanco investigativo “fue formalizado por el delito de microtráfico y también por el delito de cultivo de especies vegetales del artículo 8º de la ley 20.000, decretándose a su respecto medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal y un plazo de investigación de 90 días”. Las primeras diligencias de este caso fueron coordinadas por la fiscal Estefanía Leiva.