Senador Sandoval destacó promulgación de la Ley de Integración Social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional.

Al respecto, el parlamentario, quien es presidente de la comisión de Vivienda de la Cámara Alta, recordó que la iniciativa tuvo un largo proceso de tramitación en el Congreso, desde el cual se promovió un Diálogo Nacional por la Vivienda y la Ciudad, el que buscaba precisamente un gran acuerdo para terminar con los campamentos, el déficit habitacional y la segregación urbana. “Tiene un sentido en ese ámbito, fija una serie de condiciones, faculta al Ministerio de Vivienda (Minvu) para comprar terrenos, faculta a los servicios públicos para traspasar al MINVU terrenos que tienen valor para fines habitacionales”, explicó.

La nueva norma establece, entre otros puntos, una nueva ley sobre Gestión de Suelo y un Plan de Emergencia, el cual tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, sin perjuicio de una eventual prórroga legal, si fuere necesario para su adecuada implementación. “Una muy buena ley que también busca que no por que la gente sea vulnerable, la tienes que meter en la periferia de las ciudades, sin servicios, sin accesibilidad”, resaltó.

Durante el debate que se dio en marzo de este año, Sandoval recordó lo señalado por la corporación Ciudades durante el trámite de la iniciativa, respecto a lo que viven miles de familias en el país. “Los sin techo, aquellos que tienen déficit cuantitativo; los con techo, quienes no obstante tener una vivienda, requieren un cambio; los sin ciudad, quienes viven en su ciudad, pero alejadas de las zonas de servicio”, indicó.

Además, el legislador reiteró la importancia del trabajo y el compromiso de todo el equipo de asesores, tanto parlamentario como del propio ministerio, para arribar a una ley “que se haga cargo de un tema tan sensible, de tanto impacto humano y de tanta demanda social como lo son mejores viviendas, barrios, ciudades”.

Se estima que actualmente, existe un déficit de entre 500 mil y 700 mil viviendas en el país, mientras que en la región de Aysén, la cifra llega a aproximadamente 1.400 las viviendas que fueron declaradas como irrecuperables.